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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura inició la “Encuesta de actitud ante la tortura de personas privadas de libertad”, a fin de producir información estadística considerando la percepción ante la tortura, los maltratos y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

El objetivo es encuestar a personas privadas de libertad durante los meses de agosto y setiembre, en los establecimientos de sistema penitenciario paraguayo.

La metodología implementada es la de ‘voto secreto’, similar a la utilizada en los procesos de elecciones públicas, que consiste en explicar la consigna respectiva y la persona responda las tres preguntas de la encuesta, de manera privada, y luego deposite su papeleta en una urna. 

Una investigación con las mismas preguntas fue realizada por Amnistía Internacional, con población que no se encontraba privada de libertad. En esta edición, la encuesta desarrollada por el MNP da un giro y será la población privada de libertad el público del relevamiento, a nivel país. 

Los datos que arrojará el estudio servirán para realizar comparaciones con los resultados obtenidos en investigaciones realizadas con población general sobre el mismo tema, a través de la articulación vía convenio con el Instituto Nacional de Estadística. 

Los lugares donde se realizan los relevamientos: En Asunción, Penitenciaría Nacional Tacumbú Asunción, Penal Industrial La Esperanza, Granja Ko’e Pyahu, Correccional de Mujeres del Buen Pastor; en Emboscada, Penitenciaría Regional de Emboscada y Penitenciaría Regional Padre Juan Antonio De La Vega; en Itauguá, Centro Educativo de Adolescentes; en San Pedro del Ycuamandyyu, Penitenciaría Regional de San Pedro; en Pedro Juan Caballero, Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero; en Concepción, Penitenciaría Regional de Concepción; en Coronel Oviedo, Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y Correccional Serafina Dávalos; en Villarrica, Penitenciaría Regional de Villarrica y Centro Educativo Sembrador; en Ciudad del Este, Penitenciaría Regional de Ciudad Del Este, Correccional de Mujeres Juana María De Lara y Centro Educativo de Ciudad del Este; en Encarnación, Penitenciaría Regional de Itapúa y Centro Educativo de Itapúa; y en San Juan Misiones, Penitenciaría Regional de Misiones. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura expresa algunos conceptos en relación con reacciones surgidas respecto a la nota del MNP enviada al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Nación, Mario Abdo Benítez, referida a la presencia de la comitiva argentina de derechos humanos en el norte del país. En tal sentido, considera oportuno puntualizar: 

- El MNP recibió la comunicación de la visita al país de organismos de derechos humanos de la Argentina, en representación de la campaña “¿Dónde está Lichita?”, en cuya nota referían textualmente que realizarían “una nueva Misión Humanitaria en Paraguay”. El MNP no otorgó el status de “Misión Humanitaria” ni se expidió al respecto.

- El MNP comunicó al Comandante en Jefe que tomó conocimiento de la presencia de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina, a los efectos de que se adopten los recaudos de seguridad que permitan el desarrollo de sus actividades, en coordinación con los organismos pertinentes. El MNP no solicitó inmunidad alguna o liberación de la zona para la comitiva de referencia. 

- En el cumplimiento de su misión preventiva, el MNP como órgano de Estado, canalizó el pedido de la comitiva de referencia hacia los órganos competentes, recurriendo al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, ofreciendo realizar un seguimiento de los acontecimientos. El MNP no se adhirió a ninguna misión.

Como institución nacional de promoción y defensa de los derechos humanos, el MNP ha expresado en varias ocasiones su total solidaridad con todas las personas (familiares) que se encuentran ante el difícil momento de la ausencia de sus seres queridos, desaparecidos y víctimas del secuestro. Hoy, el MNP se reafirma en esta línea institucional. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay presente hoy en el Simposio internacional "NNyA privados de la libertad en conflicto con la ley penal en América Latina. Panorama actual en la región y estrategias para el fortalecimiento de los monitoreos", con la participación del comisionado Orlando Castillo.

La primera jornada se centró en el diagnóstico resultante de los monitoreos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de la región y las principales recomendaciones elaboradas.

El comisionado Castillo resaltó las coincidencias observadas en la realidad de la problemática en torno al abordaje institucional y no discriminación en los países hacia la garantía de derechos de adolescentes que ingresan al sistema penal.

“Los que llegan al sistema penal no recibieron protección y garantía de derechos en su niñez, en la situación de vulnerabilidad en las que se han desarrollado desde niños y niñas. La respuesta del Estado es el encierro en primer lugar”, sostuvo.

Realizó un repaso de los problemas más comunes que el MNP Paraguay ha detectado a lo largo de sus acciones de monitoreo: Adolescentes en situación de vulnerabilidad general, sin programas sociales que los apoyen; alta deserción escolar; derecho a la salud no satisfechos; internamientos poco educativos, hacinamiento y malos tratos; el castigo como disciplinamiento y como sistema natural de relacionamiento; y el escaso desarrollo de sistema ejecución de medidas socioeducativas respetuosa del derecho a la libertad.

Además puntualizó los niveles de intervención del MNP en cuanto a la prevención, a través del fortalecimiento del Sistema de Protección de los niños ya adolescentes, trabajo coordinado con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Educación, Salud, Trabajo, así como planes sociales, etc; hacer foco en la Justicia Juvenil Restaurativa, que permita entre otras medidas especializar el sistema de justicia juvenil para impulsar medidas de no encierro hacia una política de modificación del sistema de represión; así como programas de reinserción en trabajo con la comunidad.

Este espacio de diálogo es organizado por la Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de la República Argentina y reúne a MNPs de Paraguay, Chile, México, Perú y Uruguay.

En el marco de conmemoración del 26 de Junio – Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) socializó las acciones de intervención institucional en el marco de la pandemia, en diferentes ámbitos, que evidencian las fallas en la actuación del Estado para garantizar los derechos de las personas. Fue en una conferencia en línea organizada de manera conjunta con la Fundación Celestina Pérez de Almada.   

El comisionado José Antonio Galeano, presidente de turno del MNP, tuvo a su cargo la apertura del acto transmitido a través de las redes sociales. Se refirió a la misión institucional del MNP y puntualizó que la tortura y los malos tratos o penas crueles y degradantes son imprescriptibles conforme la normativa internacional y nacional. 

María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias, sostuvo que la pandemia ha sido un caldo de cultivo para los malos tratos y la tortura. “Las denuncias no son tenidas en cuenta; hoy debe actuar la memoria viva en relación al pasado reciente para la prevención”.

El comisionado Orlando Castillo sostuvo que la pandemia ha generado una crisis social que ha motivado a que la gente se manifieste y en ese marco se observó de manera preocupante el uso excesivo de la fuerza pública y su incidencia sobre el derecho a la manifestación. “Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la concepción de seguridad humana. La seguridad no sólo de las instituciones sino también de las personas que se manifiestan; protección de derechos”. 

La comisionada Sonia Von Lepel brindó datos relevados por el MNP sobre las manifestaciones ciudadanas de este año, relacionadas con la pandemia. Un total de 155 personas fueron privadas de su libertad; el 64 % refirió haber recibido malos tratos: violencia psicológica, golpes cuando ya se encontraban esposadas o inmovilizadas, tiradas al piso, golpes de puño, culatazo de escopeta, pisadas en la cabeza, entre otros. “La policía actuaba para desalojar cuanto antes el lugar sin considerar garantizar el derecho a la protesta; reducir o neutralizar los hechos puntuales sin que eso tenga repercusiones en los ciudadanos y las ciudadanas que se encontraban ejerciendo un derecho constitucional”. 

Con relación a los monitoreos en hogares de personas adultas mayores, la comisionada Lourdes Barboza indicó que las principales recomendaciones del MNP fueron dirigidas a los directivos de estos hogares, a la Dirección de Adultos Mayores del MSPBS, y a las Comisiones de Derechos Humanos del Congresos Nacional. “Tenemos en el horizonte el paradigma de derechos, buscamos como vejez una construcción social donde se garanticen los mismos derechos más los derechos específicos para este sector”.

Sobre los relevamientos en las comisarías de la Policía Nacional, la comisionada Elizabeth Flores señaló que se centraron en las garantías de derechos en los primeros momentos de la detención, observando aspectos como modalidades y prácticas del trabajo policial; infraestructura, dotación y equipamiento de la sede, sistemas de registros; condiciones de detención, y trato brindado a las personas privadas de libertad. “En base a los hallazgos llevamos a cabo acciones de incidencia a través de mesas de trabajo con diferentes organizaciones involucradas en la problemática tales como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud”. 

Por su parte, el comisionado José Carlos Rodríguez mencionó que para el MNP es importante que las Naciones Unidas haya planteado un Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. “Exige al Estado que asuma formalmente la responsabilidad de erradicar este problema del maltrato en general, y lo menciono así porque a veces las fronteras que existen entre la maldad del maltrato y la atrocidad de la tortura, no están tan bien delimitadas”.