Noticias

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ante hechos ocurridos durante la manifestación ciudadana del 5 de marzo del corriente, en cuyo transcurso la Policía Nacional procedió a reprimir a la ciudadanía, lo cual derivó en la aprehensión de 5 personas y varias más heridas, habiendo tomado conocimiento por medio de la intervención de dos de sus comisionados nacionales:

1.      Señala la incapacidad y la falta de profesionalidad con la que se condujo la Policía Nacional al no garantizar el derecho constitucional a la manifestación, así como la seguridad no solamente de los manifestantes, sino de la población en general y en especial de personas que se encontraban en los alrededores de las plazas del Congreso.

2.     Observa que los agentes de la Policía y sus principales autoridades no tuvieron un plan de intervención acorde con la normativa vigente en materia de Derechos Humanos, lo cual ha devenido en la represión violenta a niños, niñas, adolescentes, madres y padres, y ciudadanía en general que acudieron a ejercer su derecho constitucional de manifestarse y a quienes la propia policía, conforme su misión institucional, debía garantizar su vida, su integridad física y sus bienes.

3.     Lamenta que grupos violentos se hayan infiltrado en una manifestación genuinamente ciudadana, que exige respuestas desde el Estado ante los comprobados hechos de corrupción y la falta de garantías de satisfacción del derecho a la salud –responsabilidad estatal-, expresada en el aumento de personas internadas en los hospitales del país, tanto en salas comunes como en las Unidades de Terapia Intensiva, y que precisan medicamentos básicos con los cuales no se cuenta.

4.      Rechaza la actitud violenta de los agentes de la Policía Nacional que infligieron malos tratos y produjeron lesiones en las 5 personas aprehendidas (entre ellas un adolescente de 17 años) en la propia sede de la Comandancia de la Policía Nacional y a pesar de estar reducidos.

5.    Solicita como medida inmediata a la Policía Nacional que instruya un sumario a fin de investigar los hechos ocurridos tanto en la plaza como en la sede la Comandancia hasta el esclarecimiento y la sanción a los responsables.

6.     Insta a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a que abra una investigación con respecto a los hechos reseñados, como forma inequívoca de desalentar comportamientos análogos en el futuro.

7.       Exhorta al Estado a la profundización de la democracia y al pleno respeto de los Derechos Humanos, omitiendo cualquier acción de criminalización de la disidencia y manifestación social legítima, garantizadas por nuestra Carta Magna.

Asunción, 6 de marzo de 2021

Los días lunes 08 y martes 09 de marzo de 2021, las dependencias de la sede central desarrollarán sus actividades a puertas cerradas, sin extensión de plazo.

Se mantiene habilitada para ambos días la mesa de entrada VIRTUAL, al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. dando retorno de acuse a partir del día miércoles 10 de marzo.

Para casos relacionados a los ámbitos de intervención y/o urgencias que requiera de asistencia sobre situaciones que puedan generar tortura o malos tratos, los números de turno, se encuentran a disposición y habilitados sin interrupción: 0961501713 – 0961501790. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó y realiza el relevamiento de información y seguimientos de las medidas adoptadas por las instituciones respectivas tras los sucesos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbu. En este orden de acciones, el equipo del MNP bajo la coordinación de la comisionada Lourdes Barboza, acompañada de la comisionada Elizabeth Flores, visitó la penitenciaría un día después de la jornada en que se produjeron los hechos para realizar un relevamiento y observación directa. El MNP elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible.

Ante los trágicos acontecimientos del martes 16 de febrero del año en curso, ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con el desenlace de 7 personas privadas de libertad fallecidas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) reitera el contenido de las repetidas recomendaciones realizadas a distintas instituciones estatales vinculadas al sistema penitenciario, referidas principalmente a las más llamativas aristas de la situación actual, caracterizada, entre otras circunstancias por:

·                El hacinamiento, con alrededor de 14.000 personas en el sistema, cuando conforme a parámetros de Derechos Humanos internacionalmente consagrados, la capacidad real de las penitenciarías es de solo para 4.300 de ellas.

·                El abuso de la prisión preventiva que lleva al alarmante porcentaje del 70% de personas privadas de libertad sin condena, es decir 7 de cada 10 personas no tiene condena.

·                Las condiciones de habitabilidad deplorables, insalubres, denigrantes e indignas.

·                La deficiente atención de la salud de personas privadas de libertad.

·                La corrupción que de diversas maneras permea todo el sistema penitenciario.

·                La consolidación, intramuros, del crimen organizado, cuya estructura y caudal impone su supremacía ante la débil institucionalidad penitenciaria y ejerce un cuasi control de las cárceles.

·                La preeminencia de la racionalización punitiva como primera respuesta del Estado ante los conflictos sociales.

·                La selectividad penal con propensión a la criminalización, que produce durísimo impacto en los sectores más vulnerables y excluidos de la población.

En los meses de abril y mayo de 2019, los y las comisionados/as del MNP se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y el entonces titular del Congreso, Silvio Ovelar, a fin de expresar la preocupación institucional con relación a la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de aunar esfuerzos entre las instancias del Estado para brindar una respuesta integral. Lamentablemente y a pesar del esfuerzo desplegado en estas gestiones, salvo muy escasas excepciones, no se reflejaron en medidas de fondo, necesarias para lograr una progresiva y paulatina solución a la aludida situación de crisis.

Para el MNP la situación de emergencia penitenciaria se arrastra desde hace varios años por lo que su abordaje requiere una acción interinstitucional donde intervengan los actores políticos de los poderes del Estado e instituciones extra poder que tienen vinculación con el sistema de Justicia Penal.

Para el MNP las medidas que se adopten deben buscar descomprimir el tenso ambiente de las cárceles, evitar nuevos conflictos y velar porque los derechos de las personas privadas de libertad no sigan siendo vulnerados.

Nos encontramos ante un momento crucial en la definición de acciones y toma de decisiones políticas para dar respuestas a la población penitenciaria y a sus familiares y allegados. Esas decisiones deben asumirse por parte de las instituciones involucradas, las cuales, una vez identificadas las necesidades prevalentes, deben abocarse sin demora a su abordaje y resolución.

En este orden de ideas, el MNP insta, con la premura que el caso requiere, a articular mesas de trabajo con representantes de los poderes del Estado e instituciones vinculadas al sistema penitenciario para la pronta atención de esta verdadera emergencia que exige dedicación, inteligencia y coraje, para lo cual llama, nuevamente, a la conformación de una Cumbre de Poderes.

Tras los lamentables sucesos, el equipo del MNP realizó y realiza el seguimiento correspondiente y, consecuentemente, elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible.

Hoy, la crisis penitenciaria debe ser prioridad en las instancias del Estado involucradas.

Asunción, 19 de febrero de 2021