El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) solicitó al Ministerio de Justicia (MJ) el fin de las actuaciones irregulares del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP) dentro de los penales. Fue en el marco de una reunión llevada a cabo esta semana entre los/as comisionados/as del MNP Sonia Von Lepel, Orlando Castillo, Magdalena Palau, Renzo Cristaldo, Claudia Sanabria y José C. Rodríguez, y el ministro de Justicia, Daniel Benítez.
El MNP llamó la atención sobre la actuación del GRAP -compuesto por agentes penitenciarios uniformados, encapuchados y sin identificación- que ingresan a los establecimientos con gran violencia, despojando de sus pertenencias a la población privada de libertad. La última operación se registró en la Penitenciaria Regional de Villarrica el pasado miércoles 18 de enero y, en este caso concreto, el MNP pidió la atribución de responsabilidades y la debida sanción.
Con relación a la declarada Emergencia Penitenciaria, el MNP alentó a que no se reduzca a la sola garantía de la cobertura administrativa de contrataciones sino que se ponga el foco en el profundo deterioro sanitario y hacinamiento en que se encuentran las penitenciarías. Esto se refleja en las innumerables recomendaciones realizadas desde el MNP sobre las condiciones de vida de la población penitenciaria.
Como resultado del diálogo entre ambas instituciones, se acordó avanzar en una agenda conjunta, con la instalación de una mesa de trabajo.
El MNP aboga por la garantía de los derechos humanos de las personas bajo custodia del Estado dentro de los centros penitenciarios, así como la prevención de la tortura y los malos tratos.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) condena la actuación irregular del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP), que irrumpió en la Penitenciaria Regional de Villarrica el pasado miércoles 18 de enero de 2023, en horas de la madrugada, con el supuesto objetivo de realizar una requisa.
El GRAP -compuesto por agentes penitenciarios uniformados, encapuchados y sin identificación- habría ingresado con escopetas cargadas con balines de goma, disparando al techo y en algunos casos, al cuerpo de las personas privadas de libertad (PPL), propinando golpes, patadas, empujones y trato discriminatorio y degradante (incluso a personas adultas mayores y con alguna discapacidad).
A partir de denuncias, el MNP visitó la penitenciaría el viernes 20 y entrevistó a más de 100 personas privadas de libertad, en los diferentes pabellones, quienes coincidieron en su relato, confirmando en que el operativo fue realizado en las condiciones señaladas más arriba, y que más que una requisa, dicha operación consistió en un “asalto a mano armada”.
Las PPL fueron obligadas a salir al patio, sin ropa, con la cabeza agachada y bajo la prohibición de mirar a los integrantes del grupo. Mientras, el GRAP procedió a revisar los pabellones, llevando todos los objetos de valor: ropas, calzados y dinero. Según los entrevistados, también rompieron televisores, electrodomésticos y otras pertenencias. Los hechos ocurrieron estando presentes los agentes penitenciarios y el director de la Penitenciaría.
Este tipo de operaciones se implementan a manos del GRAP con frecuencia, cuanto menos, desde el año 2020.
El MNP solicitó audiencia al ministro de justicia Daniel Benítez para exigir el fin de las actuaciones irregulares mencionadas, la atribución de responsabilidades en este caso concreto y la sanción de los responsables, sin perjuicio de haber remitido un informe especial sobre estos hechos.
El MNP comprende la necesidad de monitorear las condiciones de seguridad de los centros penitenciarios, no obstante, tiene la certeza de que, cualquier operativo debe ceñirse a los principios de legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad y rendición de cuentas.
Además, el MNP constató en la visita las condiciones de vida de las PPL y encontró que, a pesar de recomendaciones formuladas en 2019 y 2022, la situación empeoró, con más hacinamiento (falta de camas/colchones), ventiladores sin funcionar, falta de medicamentos en la Sanidad, comida insuficiente y de mala calidad. Ante esto, remitió las recomendaciones pertinentes.
Recordamos que el MNP es un órgano autárquico creado por Ley N° 4288/2011 para reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales, así como prevenir y procurar la erradicación de la tortura.
En esta sesión inaugural del 2023, la Comisión Nacional presenta su integración renovada con el inicio de las funciones de los y las comisionados/as electos/as el pasado mes de diciembre: Claudia Sanabria, Renzo Cristaldo, Magdalena Palau. También es miembro de la CN el comisionado José Carlos Rodríguez.
La Comisión Nacional es la más alta instancia de decisión del MNP y ejerce la representación institucional. La Presidencia de Turno cumple la función administrativa, de representación de la Comisión Nacional y el MNP para el cumplimiento de los objetivos institucionales y las competencias determinadas por las leyes correspondientes, planes estratégicos nacionales e institucionales.
El Anuario Estadístico 2022 es socializado con las instituciones que forman parte de los ámbitos de intervención del MNP, así como con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, entre otras, y resulta de gran utilidad para la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública en general.
En un acto llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Asunción, el 16 de diciembre del corriente, la comisionada Sonia Von Lepel y el comisionado Orlando Castillo socializaron algunos de los datos que contiene dicho material.
El relevamiento consistió en el acopio de información desde las bases sobre la población de las áreas de Judiciales de las dieciocho instituciones penitenciarias para personas adultas y de los ocho centros educativos para adolescentes en privación de libertad.
Datos relevantes
La población penitenciaria es de 16.536 personas (31 de octubre de 2022), de las cuales el 68% se encuentra en prisión preventiva y solo el 32% tiene condena. Se tiene un aumento constante de la población, con una permanencia de las instituciones que se utilizan para el encierro: abuso de la prisión preventiva.
En 2013, se encontraban 9300 personas privadas de libertad y, desde el MNP, se ha observado un incremento por año de alrededor de mil personas; este año, ya en octubre, se registró el ingreso de 1400 personas. La única respuesta que se está dando a la conflictividad penal, es el encierro, lo que preocupa al MNP.
Se observa un alto nivel de hacinamiento crítico dentro del sistema penitenciario, siendo los establecimientos con mayor índice, conforme parámetros de derechos humanos: Penitenciaría Regional de Villarrica, 964%; Penitenciaría Regional de San Pedro, 728%; Penitenciaría de Emboscada, 727%; Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, 708%; y Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con un 607%. En lo respecta a los centros educativos, el que presenta mayor índice de hacinamiento es el de Ciudad del Este, 138%. El MNP ha recomendado -en más de una oportunidad- al Ministerio de Justicia el cierre de los establecimientos a la recepción de nuevas personas privadas de libertad.
Población indígena
Este año el Anuario tiene un apartado especial con relación a la población indígena privada de libertad, tanto adulta (total 123 personas) como adolescente (6 personas). Se identificó un grave problema en la falta de registro de datos: el Estado no conoce a que etnia pertenece el 69% de la población indígena. Esta población se concentra especialmente en tres penitenciarías y un centro educativo: Penitenciaría Regional de Concepción, Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y el Centro Educativo de Ciudad de Este.
Las mujeres indígenas (total 5 personas) se encuentran en la Penitenciaría de mujeres Casa del Buen Pastor y en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
Si bien el Ministerio de Justicia cuenta con un Protocolo de atención a personas indígenas privadas de libertad, la herramienta es poco difundida para su utilidad, que establece entre otros ítems el modo registro y los datos a ser relevados.
Población adolescente
En cuanto a la población adolescente en privación de libertad, el 87,88% se encuentra con prisión preventiva y el 12,12% con medida definitiva. La prisión preventiva se está utilizando de manera muy frecuente y desproporcionada con la población adolescente. Además, se observa que no se cuenta con fuero especializado, y ha disminuido la cantidad de defensores/as especializadas/os, quienes además fueron reasignados/as a tomar intervención para la defensa de la población adulta.
A los 17 años es la edad en que los adolescentes entran en mayor medida en conflicto con la ley penal. La distribución de la población de mujeres adolescentes en privación de libertad, según hechos punibles atribuidos: Hurto agravado, 50%; robo agravado, 25%; hurto, 25%.
Población de mujeres
La distribución de la población de mujeres (total 757), según modalidad de institución en la que se encuentran:
• CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES Buen Pastor (Asunción):427; Juana María de Lara (CDE): 76; Serafina Dávalos (Coronel Oviedo): 71; total 574
• CENTRO PENITENCIARIO SEMIABIERTO DE MUJERES Nueva Oportunidad: 32
• PABELLONES DENTRO DE LAS PENITENCIARÍAS REGIONALES Pedro Juan Caballero: 32; San Pedro: 15; Villarrica: 28; Concepción: 54; Misiones: 57; total 183
Sigue siendo una preocupación permanente para el MNP la presencia de mujeres en pabellones de penitenciarías de hombres, donde no son prioridad en la gestión del centro penitenciario para la cobertura de las necesidades propias de la población.
Los 5 delitos y crímenes específicos más atribuidos a la población de mujeres privadas de libertad: Transgresión a la Ley de drogas, 395; homicidio doloso, 110; robo agravado, 90; hurto agravado, 80; hurto, 37. La política contra las drogas es fuerte para todos, tiene la misma respuesta para el narcotráfico internacional como para el microtráfico. Es la misma sanción para quien envía 40 toneladas de droga al exterior como para las mujeres que venden las bolsitas o son “mulas”. Esta problemática de profunda raíz social debe ser encarada desde una acción interinstitucional.
