El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura inició en junio pasado el monitoreo de los establecimientos destinados a albergues de personas provenientes del exterior (que alojan también a personas que voluntariamente acuden a estos sitios), para la cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria para la prevención del COVID19. Es con el objetivo de abogar por las garantías de los derechos de las personas hoy albergadas y las que vendrán.
A partir de principios del mes de mayo se llevaron a cabo los encuentros de capacitación sobre el #COVID19, con el acompañamiento de la Cruz Roja Paraguaya, y la elaboración de un manual técnico de cara a las tareas de monitoreo proyectados por el MNP en los diferentes ámbitos de intervención que corresponden a su misión institucional, considerando el marco de pandemia.
Los albergues se configuran en ámbitos del MNP y en tal sentido la institución se abocó, en un primer momento, a la atención de los casos de urgencia denunciados en los sistemas de turno. Paralelamente, el MNP avanzó en el diseño del plan y programa de visitas de albergues que se inició con establecimientos ubicados en localidades de los departamentos Central y Alto Paraná.
Este plan de monitoreo de albergues se desarrolla con el apoyo de la sociedad civil, a través de la participación de referentes de organizaciones de derechos humanos (CODEHUPY, CDIA, ALAMESpy), con énfasis en derecho a la salud.
A la fecha se visitaron tres albergues y se proyectan más para este mes de julio. El resultado de lo relevado se remite a los entes gubernamentales respectivos con las recomendaciones emanadas desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para el mejoramiento de las condiciones de los establecimientos en general. Estos informes institucionales son confidenciales en una primera etapa de evaluación y revisión.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP) reitera su recomendación a las autoridades de los organismos del Estado paraguayo sobre el cumplimiento irrestricto de las normas nacionales e internacionales de garantía de los derechos humanos, en los procedimientos de las fuerzas públicas.
Asimismo, expresa su profunda preocupación ante los sucesos registrados el fin de semana con relación a las actuaciones policiales, cuyas consecuencias han sido un niño herido por disparos de efectivos de la Policía Nacional y varias personas detenidas con rastros de golpes que podrían constituir torturas o malos tratos, e insta a una investigación profunda de los hechos en sede administrativa como fiscal.
En distintas oportunidades el MNP ha manifestado que el uso de la fuerza pública debe ser proporcional, conforme los protocolos de procedimientos establecidos para la intervención en el marco de la seguridad interna, normas que determinan que el uso de arma de fuego solo se puede dar cuando exista un peligro o amenaza de vida hacia los efectivos o terceras personas o ante la comisión flagrantes delitos.
Para el MNP la cuarentena sanitaria sin precedentes a nivel nacional plantea grandes desafíos, especialmente en la necesidad de brindar protección y tranquilidad a la población en general, sin que ello represente el avasallamiento y la violación de derechos de ninguna persona.
El MNP mantiene su sistema de turno de comisionados y comisionadas nacionales atentos a la denuncia de casos de urgencia.
Números de turno del MNP para casos de urgencia: 0961501713 – 0961501790
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) detectó situaciones que generan preocupación y que persisten en las medidas de control en la cuarentena debido al Covid19, por lo que considera importante una evaluación del impacto de las mismas en la vida de las personas.
La actuación policial está marcada en muchos casos por el uso abusivo de la fuerza, humillaciones y comportamientos extorsivos en todo el país, conforme denuncias recibidas por el MNP.
La mayoría de las personas imputadas son de escasos recursos. La Fiscalía General del Estado informó que al 23 de abril de 2020 fueron imputadas 2579 personas por quebrantar las disposiciones sanitarias y, por su parte, el Ministerio de la Defensa Pública indicó que, de dicho número, 1715 personas fueron asistidas por defensores y defensoras públicas. En este contexto, personas de escasos recursos también recurren a abogados y abogadas privados.
Las consecuencias de la detención masiva de una gran cantidad de personas en situación vulnerable y que muchas veces podría haber justificado su salida, y que por no portar justificativos o no saber presentarlos como se debiera, o por no tener medios para procurarse el sustento y por realizar trabajos informales, o hasta en numerosos casos, siendo víctimas de procedimientos extorsivos o invasivos muy cerca de sus casas, e inclusive, en algunos casos, dentro de sus casas, deviene en peores situaciones de las que se pretendían prevenir y combatir.
La conducta de la mayoría de los fiscales, según lo relevado por el MNP, ha respondido al criterio de imputar para después evaluar si eran o no justificadas las violaciones de la cuarentena. Las personas imputadas lo son por supuestos delitos que no serán tales en dos semanas o un mes, y los efectos de estas imputaciones van a pesarles económica y socialmente por meses y quizá años, debido a la burocracia y lentitud del sistema procesal penal, a lo que debe sumarse el alto costo en tiempo y dinero, además del impacto personal y familiar.
A la situación descrita, se suma el hecho de que una vez levantadas las restricciones de circulación, muchas de las personas afectadas tendrán que afrontar penas de prisión cuando violen una medida de prisión domiciliaria, lo cual necesariamente sucederá en el caso que necesiten salir para ganar su sustento. Ello agravará aún más la crisis económica y social que sobrevendrá en nuestro país como consecuencia de esta contingencia de orden mundial.
La prohibición del ingreso de nuevas personas al Sistema Penitenciario, por atendible precaución del Ministerio de Justicia, ha generado una sobrepoblación en las comisarías; estos lugares de reclusión no cuentan con medidas sanitarias y devienen en focos de posible propagación del virus, dado el constante flujo de personas que son aprehendidas y a quienes se les otorga medidas, y a las que se les dicta prisión preventiva y terminan cumpliéndola en estos sitios.
Preocupa al MNP que, como en muchos otros temas de política criminal o social, se utilice la respuesta penal de castigo/prisión ante situaciones que requieren otro tipo de abordaje, agrava la situación de las personas y no sirve como elemento ejemplificador puesto que las detenciones fueron aumentando. Esta respuesta penal es siempre selectiva y direccionada hacia el sector con menor capacidad económica y social de afrontar o refutar estos procedimientos.
El momento exige que las soluciones sean creativas, que se establezcan otras formas de abordaje tanto para el respeto de las medidas sanitarias como para las sanciones, inclusive, frente a violaciones de las mismas. No se debe generar una situación de riesgo para los grupos más vulnerables y que la presencia policial en las calles sea vista como una preocupación por la posibilidad de represión, antes que de cumplimiento de la función de colaborar con la ciudadanía y las autoridades para el respeto de las medidas sanitarias necesarias.
El MNP insta a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público a realizar un profundo análisis de la situación descrita y sus alcances, de suerte a evaluar e implementar otras acciones para abordar la problemática generada.
Este año la presentación del Informe Anual de Gestión del Mecanismo Nacional de la Tortura (MNP) a las autoridades de los tres poderes del Estado y a la ciudadanía, se realiza de manera virtual atendiendo a la emergencia sanitaria debido a la pandemia #COVID19.
A partir de la fecha queda disponible al acceso público el documento que rinde cuenta sobre lo actuado por el MNP en el periodo 2019 para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en sus diferentes ámbitos de intervención; ilustra la situación de los derechos de las personas privadas o afectadas en su libertad y reflexiona sobre la crisis del sistema penitenciario.
Este año 2019 se ha puesto especial énfasis en el trabajo en coordinación con las demás instituciones del Estado, sin dejar de brindar especial atención a la producción de información sobre temas específicos y el monitoreo constante a las instituciones que caen dentro del ámbito de trabajo del MNP.
