En el marco de conmemoración del 26 de Junio – Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) socializó las acciones de intervención institucional en el marco de la pandemia, en diferentes ámbitos, que evidencian las fallas en la actuación del Estado para garantizar los derechos de las personas. Fue en una conferencia en línea organizada de manera conjunta con la Fundación Celestina Pérez de Almada.   

El comisionado José Antonio Galeano, presidente de turno del MNP, tuvo a su cargo la apertura del acto transmitido a través de las redes sociales. Se refirió a la misión institucional del MNP y puntualizó que la tortura y los malos tratos o penas crueles y degradantes son imprescriptibles conforme la normativa internacional y nacional. 

María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias, sostuvo que la pandemia ha sido un caldo de cultivo para los malos tratos y la tortura. “Las denuncias no son tenidas en cuenta; hoy debe actuar la memoria viva en relación al pasado reciente para la prevención”.

El comisionado Orlando Castillo sostuvo que la pandemia ha generado una crisis social que ha motivado a que la gente se manifieste y en ese marco se observó de manera preocupante el uso excesivo de la fuerza pública y su incidencia sobre el derecho a la manifestación. “Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la concepción de seguridad humana. La seguridad no sólo de las instituciones sino también de las personas que se manifiestan; protección de derechos”. 

La comisionada Sonia Von Lepel brindó datos relevados por el MNP sobre las manifestaciones ciudadanas de este año, relacionadas con la pandemia. Un total de 155 personas fueron privadas de su libertad; el 64 % refirió haber recibido malos tratos: violencia psicológica, golpes cuando ya se encontraban esposadas o inmovilizadas, tiradas al piso, golpes de puño, culatazo de escopeta, pisadas en la cabeza, entre otros. “La policía actuaba para desalojar cuanto antes el lugar sin considerar garantizar el derecho a la protesta; reducir o neutralizar los hechos puntuales sin que eso tenga repercusiones en los ciudadanos y las ciudadanas que se encontraban ejerciendo un derecho constitucional”. 

Con relación a los monitoreos en hogares de personas adultas mayores, la comisionada Lourdes Barboza indicó que las principales recomendaciones del MNP fueron dirigidas a los directivos de estos hogares, a la Dirección de Adultos Mayores del MSPBS, y a las Comisiones de Derechos Humanos del Congresos Nacional. “Tenemos en el horizonte el paradigma de derechos, buscamos como vejez una construcción social donde se garanticen los mismos derechos más los derechos específicos para este sector”.

Sobre los relevamientos en las comisarías de la Policía Nacional, la comisionada Elizabeth Flores señaló que se centraron en las garantías de derechos en los primeros momentos de la detención, observando aspectos como modalidades y prácticas del trabajo policial; infraestructura, dotación y equipamiento de la sede, sistemas de registros; condiciones de detención, y trato brindado a las personas privadas de libertad. “En base a los hallazgos llevamos a cabo acciones de incidencia a través de mesas de trabajo con diferentes organizaciones involucradas en la problemática tales como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud”. 

Por su parte, el comisionado José Carlos Rodríguez mencionó que para el MNP es importante que las Naciones Unidas haya planteado un Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. “Exige al Estado que asuma formalmente la responsabilidad de erradicar este problema del maltrato en general, y lo menciono así porque a veces las fronteras que existen entre la maldad del maltrato y la atrocidad de la tortura, no están tan bien delimitadas”.