El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ante hechos ocurridos durante la manifestación ciudadana del 5 de marzo del corriente, en cuyo transcurso la Policía Nacional procedió a reprimir a la ciudadanía, lo cual derivó en la aprehensión de 5 personas y varias más heridas, habiendo tomado conocimiento por medio de la intervención de dos de sus comisionados nacionales:
1. Señala la incapacidad y la falta de profesionalidad con la que se condujo la Policía Nacional al no garantizar el derecho constitucional a la manifestación, así como la seguridad no solamente de los manifestantes, sino de la población en general y en especial de personas que se encontraban en los alrededores de las plazas del Congreso.
2. Observa que los agentes de la Policía y sus principales autoridades no tuvieron un plan de intervención acorde con la normativa vigente en materia de Derechos Humanos, lo cual ha devenido en la represión violenta a niños, niñas, adolescentes, madres y padres, y ciudadanía en general que acudieron a ejercer su derecho constitucional de manifestarse y a quienes la propia policía, conforme su misión institucional, debía garantizar su vida, su integridad física y sus bienes.
3. Lamenta que grupos violentos se hayan infiltrado en una manifestación genuinamente ciudadana, que exige respuestas desde el Estado ante los comprobados hechos de corrupción y la falta de garantías de satisfacción del derecho a la salud –responsabilidad estatal-, expresada en el aumento de personas internadas en los hospitales del país, tanto en salas comunes como en las Unidades de Terapia Intensiva, y que precisan medicamentos básicos con los cuales no se cuenta.
4. Rechaza la actitud violenta de los agentes de la Policía Nacional que infligieron malos tratos y produjeron lesiones en las 5 personas aprehendidas (entre ellas un adolescente de 17 años) en la propia sede de la Comandancia de la Policía Nacional y a pesar de estar reducidos.
5. Solicita como medida inmediata a la Policía Nacional que instruya un sumario a fin de investigar los hechos ocurridos tanto en la plaza como en la sede la Comandancia hasta el esclarecimiento y la sanción a los responsables.
6. Insta a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a que abra una investigación con respecto a los hechos reseñados, como forma inequívoca de desalentar comportamientos análogos en el futuro.
7. Exhorta al Estado a la profundización de la democracia y al pleno respeto de los Derechos Humanos, omitiendo cualquier acción de criminalización de la disidencia y manifestación social legítima, garantizadas por nuestra Carta Magna.
Asunción, 6 de marzo de 2021