Ante los trágicos acontecimientos del martes 16 de febrero del año en curso, ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con el desenlace de 7 personas privadas de libertad fallecidas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) reitera el contenido de las repetidas recomendaciones realizadas a distintas instituciones estatales vinculadas al sistema penitenciario, referidas principalmente a las más llamativas aristas de la situación actual, caracterizada, entre otras circunstancias por:
· El hacinamiento, con alrededor de 14.000 personas en el sistema, cuando conforme a parámetros de Derechos Humanos internacionalmente consagrados, la capacidad real de las penitenciarías es de solo para 4.300 de ellas.
· El abuso de la prisión preventiva que lleva al alarmante porcentaje del 70% de personas privadas de libertad sin condena, es decir 7 de cada 10 personas no tiene condena.
· Las condiciones de habitabilidad deplorables, insalubres, denigrantes e indignas.
· La deficiente atención de la salud de personas privadas de libertad.
· La corrupción que de diversas maneras permea todo el sistema penitenciario.
· La consolidación, intramuros, del crimen organizado, cuya estructura y caudal impone su supremacía ante la débil institucionalidad penitenciaria y ejerce un cuasi control de las cárceles.
· La preeminencia de la racionalización punitiva como primera respuesta del Estado ante los conflictos sociales.
· La selectividad penal con propensión a la criminalización, que produce durísimo impacto en los sectores más vulnerables y excluidos de la población.
En los meses de abril y mayo de 2019, los y las comisionados/as del MNP se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y el entonces titular del Congreso, Silvio Ovelar, a fin de expresar la preocupación institucional con relación a la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de aunar esfuerzos entre las instancias del Estado para brindar una respuesta integral. Lamentablemente y a pesar del esfuerzo desplegado en estas gestiones, salvo muy escasas excepciones, no se reflejaron en medidas de fondo, necesarias para lograr una progresiva y paulatina solución a la aludida situación de crisis.
Para el MNP la situación de emergencia penitenciaria se arrastra desde hace varios años por lo que su abordaje requiere una acción interinstitucional donde intervengan los actores políticos de los poderes del Estado e instituciones extra poder que tienen vinculación con el sistema de Justicia Penal.
Para el MNP las medidas que se adopten deben buscar descomprimir el tenso ambiente de las cárceles, evitar nuevos conflictos y velar porque los derechos de las personas privadas de libertad no sigan siendo vulnerados.
Nos encontramos ante un momento crucial en la definición de acciones y toma de decisiones políticas para dar respuestas a la población penitenciaria y a sus familiares y allegados. Esas decisiones deben asumirse por parte de las instituciones involucradas, las cuales, una vez identificadas las necesidades prevalentes, deben abocarse sin demora a su abordaje y resolución.
En este orden de ideas, el MNP insta, con la premura que el caso requiere, a articular mesas de trabajo con representantes de los poderes del Estado e instituciones vinculadas al sistema penitenciario para la pronta atención de esta verdadera emergencia que exige dedicación, inteligencia y coraje, para lo cual llama, nuevamente, a la conformación de una Cumbre de Poderes.
Tras los lamentables sucesos, el equipo del MNP realizó y realiza el seguimiento correspondiente y, consecuentemente, elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible.
Hoy, la crisis penitenciaria debe ser prioridad en las instancias del Estado involucradas.
Asunción, 19 de febrero de 2021