Noticias

Desafíos para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de encierro

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura resaltó los hallazgos y recomendaciones institucionales realizadas para avanzar hacia la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro, en centros educativos y hogares de abrigo. La presentación se realizó en el marco de la Semana por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promovida desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). 

La apertura de la charla virtual estuvo a cargo del presidente de turno del MNP, José Antonio Galeano; y contó con la participación del Viceministro de protección integral del MINNA, Eduardo Escobar; y Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la CDIA. 

La comisionada Sonia Von Lepel expuso sobre la “Situación de los adolescentes privados de libertad”, con datos de la realidad familiar, social y procesal de los jóvenes que ingresan a los centros educativos.  

La mayoría de los entornos familiares en donde nacieron y crecieron se corresponden con familias en condiciones socioeconómicas adversas. El 43 % de los y las adolescentes en privación de libertad tiene familias que forman parte de programas nacionales contra la pobreza, el 30% tiene algún familiar privado de libertad y el 13% vivió alguna vez en una entidad de abrigo.

Al someter a los y las adolescentes al encierro, se genera una ruptura de su capital social, ya que 4 de cada 10 no reciben visitas de sus familiares y 9 de cada 10 no recibe visitas de sus amistades.

El 90 % no completó la educación primaria obligatoria y solamente la mitad tiene cédula de identidad.

Antes de ser privados de libertad, el 82% de los adolescentes tenía alguna ocupación y el 60% no estudiaba: el 30% trabajaba de ayudante de albañil, 11% estaba en la calle pidiendo limosna, 10% era agricultor, 10% era ayudante de mecánico, 9% era vendedor ambulante.

Al momento de la aprehensión, el 75% de los y las adolescentes recibió maltrato físico por parte de policías y, durante su estadía en el Centro Educativo, el 58% recibió maltrato físico por parte de los guardias, jefes de guardia o del director. 

“Los y las adolescentes son sometidos sistemáticamente a torturas y maltratos en los centros educativos, así como a degradaciones, sanciones ilegales, castigos arbitrarios, ya sea por parte de los y las funcionarias o por parte de sus pares adolescentes. El Ministerio de Justicia debe establecer mecanismos de denuncia y medidas de protección para los adolescentes; que los hechos no queden impunes”, indicó.  

Fuera de la educación formal (inacabada), el mayor contacto con el Estado se dio a través de las fuerzas represivas. 

Con relación a la violencia contra la mujer, todas las mujeres que fueron incluidas en la investigación refirieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia.

Actualmente, el 76% de los adolescentes varones y el 82% de las adolescentes mujeres se encuentran con prisión preventiva, es decir, sin condena.  

El 63% está privado de libertad por hechos punibles contra la propiedad de carácter bagatelario (hurtos y robos simples), y 13% por hechos asociados a la dependencia, consumo o microtráfico de sustancias ilícitas.

En promedio, los adolescentes se encuentran 5 meses en los Centros Educativos. 

Se observa que la población contó con una importante disminución con el paso de los años, considerando que, en el mes de julio de 2014, al inicio de la serie comparada, el número de la población se encontraba en 367 adolescentes en privación de libertad, y en la actualidad, al 25 de junio de 2021, la misma se encuentra en 212 adolescentes privados de libertad. 

“Se tiene que vincular con qué se relacionan estas bajas, es decir, identificar si es resultado del impacto de acciones realizadas, cuáles son esas intervenciones o si los adolescentes cometen menos delitos; hacer un cruzamiento de información dentro del sistema de Justicia”, sostuvo Von Lepel.

Niñas y niños institucionalizados

La comisionada Lourdes Barboza expuso sobre la “Situación de niñas y niños institucionalizados”, en base al monitoreo del MNP en hogares de abrigo. Refirió que en estos casos la garantía de derechos gira en torno a que los mismos accedan a la protección especial: el derecho a ser protegidos y cuidados, alterando solo en caso de ser imprescindible y por el menor tiempo posible su derecho a crecer y desarrollarse en el ámbito familiar.

El MNP realiza el monitoreo de hogares teniendo en cuenta que el principio del interés superior de NNA tiene sus indicaciones para determinar el alcance en materia de aplicación en la definición de la medida de abrigo, para mantener su carácter excepcional (cuando ya no existe otra posibilidad que el cuidado institucional) vigilando el tiempo de permanencia de niñas, niños y adolescentes en las instituciones así como las medidas tomadas para su reintegro familiar. 

Actualmente existen alrededor de mil niñas y niños viviendo en instituciones de cuidado alternativo; el 20.6% del total de NNA que viven en instituciones tiene entre 0 y 8 años. 

“Los niños se institucionalizan en un promedio de 5 años, lo que es una eternidad sobre todo en etapa de la niñez o de la adolescencia”, indicó.

La cantidad de hogares, según datos del MINNA, es de 40, y la cantidad de niños viviendo en estas instituciones son mayores en Central, 247; Alto Paraná, 115; e Itapúa, 144.

“La mayoría de los hogares abrigo son iniciativas particulares; tenemos un sistema de instituciones que descansa sobre la iniciativa privada con una escasa e inexistente inversión pública”, refirió la comisionada Barboza. 

El monitoreo del MNP a los hogares observa si la medida de abrigo fue aplicada debidamente; el mantenimiento de vínculo familiar; las medidas de prevención del contagio del Covid-19 (incorporado en pandemia); la educación y el tiempo libre; las condiciones del albergue; y la violencia y la discriminación (especial interés para la prevención de la tortura y malos tratos). 

Entre los principales hallazgos: la aplicación del abrigo como primera medida y consecuente pérdida de su condición excepcional; la falta de políticas de fortalecimiento familiar; falta y superposición de equipos técnicos que aborden los motivos de la separación; intervención de diferentes equipos y órganos no articulados; falta de equipos  y políticas que aborden los motivos de la separación; medidas de abrigo emanadas de autoridades no competentes y no se ve al niño como centro de la intervención. 

En pandemia se agudizaron las malas prácticas en el cuidado, favorecida por el aislamiento y las dificultades de personal; mayores niveles de encierro (aislamiento sanitario, suspensión de clases); suspensión o reducción de visitas familiares y falta de mantenimiento del vínculo familiar; reinserción familiar no segura ni acompañada y en algunos casos no formalizada; reducción de financiaciones; falta de condiciones para medidas preventivas; así como suspensión de consultas y tratamientos médicos.

Las recomendaciones del MNP fueron dirigidas especialmente a las entidades de abrigo para la adecuación al modelo residencial; el plan de acompañamiento individualizado por niñas, niños y adolescentes; implementación de programas de mantenimiento del vínculo familiar y medidas de prevención especiales de contexto Covid – 19.

Como ente rector, se ha recomendado al MINNA: diseñar e implementar un programa de acompañamiento técnico para la adecuación de las entidades de abrigo; impulsar el diseño e implementación de una política pública de fortalecimiento del vínculo familiar; desarrollar en forma sostenida programas de acogimiento familiar.

En tanto que a la Corte Suprema de Justicia, el MNP recomendó: tomar las medidas administrativas y financieras necesarias para la implementación de la Ley N° 6486/2020  en la jurisdicción especializada; conformar los equipos técnicos especializados; darle seguimiento y control a las medidas de abrigo y guarda aplicadas, e implementar programas de capacitación integral de carácter interdisciplinario para la jurisdicción especializada.

 

   

    

 

MNP desarrolla encuesta sobre actitud ante la tortura dentro de la población penitenciaria

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura inició la “Encuesta de actitud ante la tortura de personas privadas de libertad”, a fin de producir información estadística considerando la percepción ante la tortura, los maltratos y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

 

El objetivo es encuestar a personas privadas de libertad durante los meses de agosto y setiembre, en los establecimientos de sistema penitenciario paraguayo.

 

La metodología implementada es la de ‘voto secreto’, similar a la utilizada en los procesos de elecciones públicas, que consiste en explicar la consigna respectiva y la persona responda las tres preguntas de la encuesta, de manera privada, y luego deposite su papeleta en una urna. 

 

Una investigación con las mismas preguntas fue realizada por Amnistía Internacional, con población que no se encontraba privada de libertad. En esta edición, la encuesta desarrollada por el MNP da un giro y será la población privada de libertad el público del relevamiento, a nivel país. 

 

Los datos que arrojará el estudio servirán para realizar comparaciones con los resultados obtenidos en investigaciones realizadas con población general sobre el mismo tema, a través de la articulación vía convenio con el Instituto Nacional de Estadística. 

 

Los lugares donde se realizan los relevamientos: En Asunción, Penitenciaría Nacional Tacumbú Asunción, Penal Industrial La Esperanza, Granja Ko’e Pyahu, Correccional de Mujeres del Buen Pastor; en Emboscada, Penitenciaría Regional de Emboscada y Penitenciaría Regional Padre Juan Antonio De La Vega; en Itauguá, Centro Educativo de Adolescentes; en San Pedro del Ycuamandyyu, Penitenciaría Regional de San Pedro; en Pedro Juan Caballero, Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero; en Concepción, Penitenciaría Regional de Concepción; en Coronel Oviedo, Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y Correccional Serafina Dávalos; en Villarrica, Penitenciaría Regional de Villarrica y Centro Educativo Sembrador; en Ciudad del Este, Penitenciaría Regional de Ciudad Del Este, Correccional de Mujeres Juana María De Lara y Centro Educativo de Ciudad del Este; en Encarnación, Penitenciaría Regional de Itapúa y Centro Educativo de Itapúa; y en San Juan Misiones, Penitenciaría Regional de Misiones. 

 

Comunicado del MNP sobre reacciones surgidas respecto a la nota enviada al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Nación

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura expresa algunos conceptos en relación con reacciones surgidas respecto a la nota del MNP enviada al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Nación, Mario Abdo Benítez, referida a la presencia de la comitiva argentina de derechos humanos en el norte del país. En tal sentido, considera oportuno puntualizar: 

 

- El MNP recibió la comunicación de la visita al país de organismos de derechos humanos de la Argentina, en representación de la campaña “¿Dónde está Lichita?”, en cuya nota referían textualmente que realizarían “una nueva Misión Humanitaria en Paraguay”. El MNP no otorgó el status de “Misión Humanitaria” ni se expidió al respecto.

 

- El MNP comunicó al Comandante en Jefe que tomó conocimiento de la presencia de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina, a los efectos de que se adopten los recaudos de seguridad que permitan el desarrollo de sus actividades, en coordinación con los organismos pertinentes. El MNP no solicitó inmunidad alguna o liberación de la zona para la comitiva de referencia. 

 

- En el cumplimiento de su misión preventiva, el MNP como órgano de Estado, canalizó el pedido de la comitiva de referencia hacia los órganos competentes, recurriendo al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, ofreciendo realizar un seguimiento de los acontecimientos. El MNP no se adhirió a ninguna misión.

 

Como institución nacional de promoción y defensa de los derechos humanos, el MNP ha expresado en varias ocasiones su total solidaridad con todas las personas (familiares) que se encuentran ante el difícil momento de la ausencia de sus seres queridos, desaparecidos y víctimas del secuestro. Hoy, el MNP se reafirma en esta línea institucional. 

 

Privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en diálogo de MNPs de la región

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay presente hoy en el Simposio internacional "NNyA privados de la libertad en conflicto con la ley penal en América Latina. Panorama actual en la región y estrategias para el fortalecimiento de los monitoreos", con la participación del comisionado Orlando Castillo.

La primera jornada se centró en el diagnóstico resultante de los monitoreos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de la región y las principales recomendaciones elaboradas.

El comisionado Castillo resaltó las coincidencias observadas en la realidad de la problemática en torno al abordaje institucional y no discriminación en los países hacia la garantía de derechos de adolescentes que ingresan al sistema penal.

“Los que llegan al sistema penal no recibieron protección y garantía de derechos en su niñez, en la situación de vulnerabilidad en las que se han desarrollado desde niños y niñas. La respuesta del Estado es el encierro en primer lugar”, sostuvo.

Realizó un repaso de los problemas más comunes que el MNP Paraguay ha detectado a lo largo de sus acciones de monitoreo: Adolescentes en situación de vulnerabilidad general, sin programas sociales que los apoyen; alta deserción escolar; derecho a la salud no satisfechos; internamientos poco educativos, hacinamiento y malos tratos; el castigo como disciplinamiento y como sistema natural de relacionamiento; y el escaso desarrollo de sistema ejecución de medidas socioeducativas respetuosa del derecho a la libertad.

Además puntualizó los niveles de intervención del MNP en cuanto a la prevención, a través del fortalecimiento del Sistema de Protección de los niños ya adolescentes, trabajo coordinado con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Educación, Salud, Trabajo, así como planes sociales, etc; hacer foco en la Justicia Juvenil Restaurativa, que permita entre otras medidas especializar el sistema de justicia juvenil para impulsar medidas de no encierro hacia una política de modificación del sistema de represión; así como programas de reinserción en trabajo con la comunidad.

Este espacio de diálogo es organizado por la Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de la República Argentina y reúne a MNPs de Paraguay, Chile, México, Perú y Uruguay.

 

Página 11 de 42