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Actividades a puertas cerradas en el MNP

 

Los días lunes 08 y martes 09 de marzo de 2021, las dependencias de la sede central desarrollarán sus actividades a puertas cerradas, sin extensión de plazo.

Se mantiene habilitada para ambos días la mesa de entrada VIRTUAL, al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. dando retorno de acuse a partir del día miércoles 10 de marzo.

Para casos relacionados a los ámbitos de intervención y/o urgencias que requiera de asistencia sobre situaciones que puedan generar tortura o malos tratos, los números de turno, se encuentran a disposición y habilitados sin interrupción: 0961501713 – 0961501790. 

 

 

Relevamiento de información y observación directa en Tacumbu

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó y realiza el relevamiento de información y seguimientos de las medidas adoptadas por las instituciones respectivas tras los sucesos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbu. En este orden de acciones, el equipo del MNP bajo la coordinación de la comisionada Lourdes Barboza, acompañada de la comisionada Elizabeth Flores, visitó la penitenciaría un día después de la jornada en que se produjeron los hechos para realizar un relevamiento y observación directa. El MNP elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible.

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura propone cumbre de poderes ante crisis penitenciaria

 

Ante los trágicos acontecimientos del martes 16 de febrero del año en curso, ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con el desenlace de 7 personas privadas de libertad fallecidas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) reitera el contenido de las repetidas recomendaciones realizadas a distintas instituciones estatales vinculadas al sistema penitenciario, referidas principalmente a las más llamativas aristas de la situación actual, caracterizada, entre otras circunstancias por:

·                El hacinamiento, con alrededor de 14.000 personas en el sistema, cuando conforme a parámetros de Derechos Humanos internacionalmente consagrados, la capacidad real de las penitenciarías es de solo para 4.300 de ellas.

·                El abuso de la prisión preventiva que lleva al alarmante porcentaje del 70% de personas privadas de libertad sin condena, es decir 7 de cada 10 personas no tiene condena.

·                Las condiciones de habitabilidad deplorables, insalubres, denigrantes e indignas.

·                La deficiente atención de la salud de personas privadas de libertad.

·                La corrupción que de diversas maneras permea todo el sistema penitenciario.

·                La consolidación, intramuros, del crimen organizado, cuya estructura y caudal impone su supremacía ante la débil institucionalidad penitenciaria y ejerce un cuasi control de las cárceles.

·                La preeminencia de la racionalización punitiva como primera respuesta del Estado ante los conflictos sociales.

·                La selectividad penal con propensión a la criminalización, que produce durísimo impacto en los sectores más vulnerables y excluidos de la población.

En los meses de abril y mayo de 2019, los y las comisionados/as del MNP se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y el entonces titular del Congreso, Silvio Ovelar, a fin de expresar la preocupación institucional con relación a la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de aunar esfuerzos entre las instancias del Estado para brindar una respuesta integral. Lamentablemente y a pesar del esfuerzo desplegado en estas gestiones, salvo muy escasas excepciones, no se reflejaron en medidas de fondo, necesarias para lograr una progresiva y paulatina solución a la aludida situación de crisis.

Para el MNP la situación de emergencia penitenciaria se arrastra desde hace varios años por lo que su abordaje requiere una acción interinstitucional donde intervengan los actores políticos de los poderes del Estado e instituciones extra poder que tienen vinculación con el sistema de Justicia Penal.

Para el MNP las medidas que se adopten deben buscar descomprimir el tenso ambiente de las cárceles, evitar nuevos conflictos y velar porque los derechos de las personas privadas de libertad no sigan siendo vulnerados.

Nos encontramos ante un momento crucial en la definición de acciones y toma de decisiones políticas para dar respuestas a la población penitenciaria y a sus familiares y allegados. Esas decisiones deben asumirse por parte de las instituciones involucradas, las cuales, una vez identificadas las necesidades prevalentes, deben abocarse sin demora a su abordaje y resolución.

En este orden de ideas, el MNP insta, con la premura que el caso requiere, a articular mesas de trabajo con representantes de los poderes del Estado e instituciones vinculadas al sistema penitenciario para la pronta atención de esta verdadera emergencia que exige dedicación, inteligencia y coraje, para lo cual llama, nuevamente, a la conformación de una Cumbre de Poderes.

Tras los lamentables sucesos, el equipo del MNP realizó y realiza el seguimiento correspondiente y, consecuentemente, elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible.

Hoy, la crisis penitenciaria debe ser prioridad en las instancias del Estado involucradas.

 

Asunción, 19 de febrero de 2021

Muertes dentro del sistema penitenciario por causas prevenibles

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó en diciembre 2020 el informe Muertes bajo custodia 2013-2020 – Registro Nacional de Personas Fallecidas en Instituciones de Privación de Libertad

El objetivo del relevamiento es contar con datos confiables y contrastables para pensar y elaborar políticas públicas de prevención de la tortura y malos tratos, específicamente la prevención de la muerte en contextos de encierro. 

El informe consigna 392 muertes dentro del sistema penitenciario en el periodo 2013 a 2020, de las cuales, considerando las categorías de responsabilidad  estatal,  221 fueron por  omisión en la posición de garante del derecho a la salud, 110 por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad preventiva de la violencia entre personas privadas de libertad, 18 por omisión en la posición de garante en la prevención de siniestros, y 5 por uso de la fuerza letal por parte de agentes penitenciarios. 

El MNP plantea la discusión sobre la división dicotómico “muerte natural” y “muerte violenta”. 

Se realizó un relevamiento, a partir de información de los medios de comunicación, de muertes de personas privadas de libertad, a los efectos de cruzar estos datos con los provistos por los departamentos judiciales. En este relevamiento se detectaron 10 muertes de personas privadas de libertad en custodia del Estado, sobre las cuales los departamentos judiciales de las penitenciarías no informaron al MNP y no contaban con datos. Se consultó al Ministerio de Justicia sobre estas muertes y tampoco se recibió respuesta. 

La gestión de la información, registros y datos de las personas privadas de libertad, tanto las que actualmente se encuentran privadas de libertad, así como las fallecidas, sigue siendo sumamente deficiente. 

A diferencia del informe Muertes bajo custodia 2013-2016, en esta oportunidad no se realizó una verificación de causas penales iniciadas y el comportamiento del Ministerio Público, pero sí se realiza un análisis a partir de la información proporcionada por esta institución a la luz de lo detectado en el primer informe.

ACCEDA AL INFORME EN: https://bit.ly/3oZ27UH 

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