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Garantía de derechos en situación de encierro y privación de libertad, preocupaciones del MNP en su informe de gestión 2020

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presenta su Informe Anual de Gestión 2020 donde resalta como principales preocupaciones la garantía de los derechos de las personas en situación de encierro y el abuso en el desempeño de las fuerzas públicas, en el marco de la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID 19. 

El MNP presenta su informe de gestión a los tres poderes del Estado y a la ciudadanía en formato virtual, conforme protocolo sanitario, danto estricto cumplimiento a la Ley N° 4288/11 que crea este órgano del Estado paraguayo. 

El documento realiza reseña de la estrategia de trabajo del MNP para la prevención de la tortura durante el año de la pandemia, con las visitas e inspecciones in situ y la elaboración de pautas básicas para la mitigación del riesgo de contagio en lugares de encierro. 

El total de personas monitoreadas es de 6.743, de las cuales 6392 eran personas privadas de libertad (hombres y mujeres), en penitenciarías, centros educativos para adolescentes, hogares adultos mayores, hogares sustitutos, establecimientos policiales, albergue de aislamiento sanitario y Armada Nacional (CDE). Como resultado se elevaron 749 recomendaciones a instituciones públicas. 

En el ámbito penitenciario se destacan las recomendaciones para mitigar posibles contagios, el impulsó reuniones virtuales con personas privadas de libertad en penitenciarías y altas autoridades y las recomendaciones y advertencias sobre peligros actuales en las penitenciarías: hacinamiento, habitabilidad, abuso de la prisión preventiva, muertes bajo custodia del Estado, entre otras.

El MNP también destaca como preocupación la transformación de los recintos policiales en penitenciarías improvisadas, por la imposibilidad de derivar a los privados de libertad con prisión preventiva, a ningún recinto carcelario.

El MNP estableció que el monitoreo en hogares de personas mayores en el contexto del COVID-19, con el objetivo de examinar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de las medidas establecidas por el MSPBS para la contención, mitigación y generalización del COVID-19. 

En lo referente a los hogares abrigo para niñas, niños y adolescentes, el MNP considera que abrir las puertas del encierro y conducir a niñas/os y adolescentes a la vida familiar constituye la principal, sino la única expresión posible del buen trato y la prevención de la tortura.

Igualmente, entre otras acciones, el MNP realizó visitas a albergues y luego su ingreso no fue permitido por la CCI-CODENA. La traba recién fue levantada, luego de largas negociaciones y cuando ello ocurrió, los albergues ya habían cerrado sus puertas.

Informe Anual de Gestión 2020 se halla al acceso público en el sitio web: www.mnp.gov.py 

 

 

Día Internacional de la Mujer 2021: Una oportunidad de acción global por una justicia equitativa, accesible y más segura para las mujeres

 

8 de marzo de 2021. Por primera vez - hoy en el Día Internacional de la Mujer – el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura - Paraguay (MNP) se ha unido a la Asociación para la Prevención de la Tortura y a otros 40 órganos de monitoreo de todo el mundo para pedir una acción gubernamental sostenida a fin de proteger a las mujeres en prisión.  

En todo el mundo, más de 75 órganos nacionales y locales de monitoreo independientes, establecidos en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y conocidos como Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención, trabajan para defender la dignidad y la justicia para las personas privadas de libertad.

Como Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención, llevamos a cabo visitas periódicas a todo tipo de lugares de detención. Realizamos entrevistas en privado con las personas detenidas, sus familiares y el personal que trabaja en los centros de privación de libertad. Documentamos cómo afecta el entorno carcelario a las mujeres, ya sean procesadas o condenadas. Preparamos informes para las autoridades que ponen de manifiesto la discriminación y la violencia de género que sufren las mujeres en prisión, incluidas las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad y expresión de género y discapacidad, entre otros. Y, lo que es más importante, elaboramos recomendaciones prácticas para impulsar cambios en la legislación, las políticas, los procedimientos y las prácticas. Todo esto lo hacemos sobre la base de un diálogo sostenido y constructivo con todos los actores del sistema de justicia penal.

El monitoreo de la situación y las necesidades de las mujeres es un aspecto clave de nuestro trabajo. Y ha sido especialmente crucial durante la pandemia de la COVID-19.

La pandemia ha supuesto una carga adicional para las prisiones de todo el mundo, planteando nuevos retos al personal y exponiendo a las personas detenidas a mayores riesgos. Hemos informado - y seguimos informando - sobre el impacto que las restricciones aplicadas para controlar la propagación del virus han tenido en las mujeres. Muchas se han quedado aisladas, afectadas emocionalmente y sin apoyo material tras la suspensión de las visitas de sus familiares y la aplicación de restricciones en las actividades cotidianas. Las y los niños también han sufrido al no poder ver a sus madres. Conforme a nuestra experiencia y labor de monitoreo, hemos defendido – y defendemos - firmemente la aplicación de planes de liberación anticipada y medidas alternativas a la detención para las mujeres.

Utilizamos las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), aprobadas hace diez años, como brújula para nuestro monitoreo y para sustentar nuestros hallazgos y recomendaciones. También son fundamentos de nuestro trabajo otras normas complementarias, como las Reglas Nelson Mandela y los Principios de Yogyakarta. Al reforzar la protección de las mujeres en prisión y promover alternativas no privativas de libertad, las Reglas de Bangkok son especialmente relevantes durante la pandemia por la COVID-19.

Reconocemos las medidas positivas adoptadas por los Estados de todo el mundo para proteger los derechos de las mujeres en prisión. Sin embargo, es necesario una acción mayor y sostenida, especialmente durante esta pandemia. Por lo tanto, hacemos un llamamiento conjunto para que todos los Estados renueven su compromiso de defender la dignidad, salud, integridad y seguridad de todas las mujeres encarceladas y de establecer alternativas a la detención para las mujeres en conflicto con la ley. Las Reglas de Bangkok, junto con las recomendaciones formuladas por los Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención, proporcionan a los Estados una base sólida para que la justicia sea equitativa, accesible y más segura para las mujeres.

 

Instituciones firmantes:

 

·                     Association for the Prevention of Torture (APT)

·                     Austrian Ombudsman Board as National Preventive Mechanism

·            Comisión por la Memoria - Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires / Argentina

·                     Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Mendoza / Argentina

·                     Comité de Prevención contra la Tortura / Chile

·                     Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina / CNPT-AR

·                     Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) / Togo

·                     Human Rights Defender of Armenia as the National Preventive Mechanism

·                     Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia

·                     Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT) / République Tunisienne

·                     Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro / Brasil

·                     Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Pernambuco / Brasil

·            Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Argentina

·                     Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT/Brasil

·            Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - Defensoría del Pueblo / Ecuador

·                     Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT) / Costa Rica

·                     Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura MNP-CONAPREV / Honduras

·                     Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – Defensoría del Pueblo / Perú

·                     Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura / Paraguay

·                     Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (INDDHH – MNP) / Uruguay 

·            Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos / México

·            Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Penas y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT) / Panamá

·                     Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg

·            National Center of the Kyrgyz Republic for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

·                     National Commission for the Prevention of Torture (NCPT) / Switzerland

·                     National Guarantor for the Rights of Persons Deprived of Liberty / Italy

·                     National Mechanism for the Prevention of Torture / Poland

·                     National Preventive Mechanism – Commissioner for Fundamental Rights / Hungary

·                     National Preventive Mechanism – Ombuds Institution / Croatia

·                     National Preventive Mechanism – Protector of Citizens / Serbia

·                     National Preventive Mechanism - Protector of Human Rights and Freedoms / Montenegro

·                     National Preventive Mechanism - Romanian Ombudsman

·                     National Preventive Mechanism (Ombudsman’s Office) / Portugal

·                     National Preventive Mechanism of South Africa (SA NPM)

·            National Preventive Mechanism of the Republic of Moldova (Office of the People’s Advocate)

·                     New Zealand Human Rights Commission as Central National Preventive Mechanism

·            Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes / Guatemala

·                     Ombudsman of the Republic of North Macedonia - National Preventive Mechanism

·                     Public Defender of Georgia as National Preventive Mechanism

·                     UK National Preventive Mechanism

·                     Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights

·                     Victorian Ombudsman – Australia

Prevención de abuso de la fuerza pública

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura #MNP en diálogo con el Ministerio del Interior en relación a las denuncias de abuso de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones ciudadanas.

Los/as comisionados/as del MNP se reunieron con el ministro Arnaldo Giuzzio y parte de su gabinete, con el objetivo de expresar la preocupación institucional y solicitar que se arbitren las medidas que corresponden desde esta cartera de Estado para la plena garantía del derecho a la manifestación. 

En dicha reunión, se han abierto espacios de trabajo conjuntos dirigidos a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a manifestarse de forma segura.

 

Comunicado del MNP sobre hechos ocurridos en la manifestación ciudadana

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ante hechos ocurridos durante la manifestación ciudadana del 5 de marzo del corriente, en cuyo transcurso la Policía Nacional procedió a reprimir a la ciudadanía, lo cual derivó en la aprehensión de 5 personas y varias más heridas, habiendo tomado conocimiento por medio de la intervención de dos de sus comisionados nacionales:

1.      Señala la incapacidad y la falta de profesionalidad con la que se condujo la Policía Nacional al no garantizar el derecho constitucional a la manifestación, así como la seguridad no solamente de los manifestantes, sino de la población en general y en especial de personas que se encontraban en los alrededores de las plazas del Congreso.

2.     Observa que los agentes de la Policía y sus principales autoridades no tuvieron un plan de intervención acorde con la normativa vigente en materia de Derechos Humanos, lo cual ha devenido en la represión violenta a niños, niñas, adolescentes, madres y padres, y ciudadanía en general que acudieron a ejercer su derecho constitucional de manifestarse y a quienes la propia policía, conforme su misión institucional, debía garantizar su vida, su integridad física y sus bienes.

3.     Lamenta que grupos violentos se hayan infiltrado en una manifestación genuinamente ciudadana, que exige respuestas desde el Estado ante los comprobados hechos de corrupción y la falta de garantías de satisfacción del derecho a la salud –responsabilidad estatal-, expresada en el aumento de personas internadas en los hospitales del país, tanto en salas comunes como en las Unidades de Terapia Intensiva, y que precisan medicamentos básicos con los cuales no se cuenta.

4.      Rechaza la actitud violenta de los agentes de la Policía Nacional que infligieron malos tratos y produjeron lesiones en las 5 personas aprehendidas (entre ellas un adolescente de 17 años) en la propia sede de la Comandancia de la Policía Nacional y a pesar de estar reducidos.

5.    Solicita como medida inmediata a la Policía Nacional que instruya un sumario a fin de investigar los hechos ocurridos tanto en la plaza como en la sede la Comandancia hasta el esclarecimiento y la sanción a los responsables.

6.     Insta a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a que abra una investigación con respecto a los hechos reseñados, como forma inequívoca de desalentar comportamientos análogos en el futuro.

7.       Exhorta al Estado a la profundización de la democracia y al pleno respeto de los Derechos Humanos, omitiendo cualquier acción de criminalización de la disidencia y manifestación social legítima, garantizadas por nuestra Carta Magna.

Asunción, 6 de marzo de 2021

 

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