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Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentará su informe de gestión 2018

Este martes 26 de marzo se presentará el Informe Anual de Gestión 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dirigido a los poderes del Estado y a la ciudadanía en general. Será en un acto a realizarse en el salón bicameral del Congreso de la Nación, a las 9 horas.

El informe de gestión condensa las acciones de monitoreo y seguimiento desarrolladas en el marco del plan operativo anual del MNP, investigaciones y articulaciones con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, así como las recomendaciones dirigidas a los diferentes estamentos del Estado.

Aparte de una rendición de cuentas, el informe del MNP pretende ser un instrumento político que posibilite y proyecte cambios en el comportamiento de agentes del Estado, transformaciones en las políticas sociales y modificaciones en la legislación vigente con el fin de prevenir y evitar que ocurran hechos de “tortura y/o tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”.

El MNP fue creado por la Ley 4288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Su objetivo es promover la vigencia de un Estado que prevenga la institucionalización de la tortura e impulsar la participación ciudadana para la plena vigencia de los derechos humanos.

MAYOR INFORMACIÓN

Comisionado Dante Leguizamón, presidente del MNP - Cel. 0981555430

Directora de Comunicación

Natalia Ruiz Díaz Medina - Cel.: +595 983346371

Acceda a los informes de gestión de años anteriores

MNP expresa preocupación sobre posibles situaciones de uso excesivo de la fuerza policial en desalojo de personas

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su preocupación sobre posibles situaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional en recientes desalojos fiscales-policiales de público conocimiento, a través de una nota dirigida ésta semana a la Comandancia de la Policía Nacional.

El MNP señala en la misiva que la institución policial está facultada a hacer uso de la fuerza legal pero no debe soslayarse que ésta debe ser legítima, necesaria y proporcionada y su uso debe realizarse en el marco del respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas.

Igualmente recuerda las recomendaciones realizadas durante los años de trabajo y gestión del MNP en ocasión de intervenciones puntuales sobre hechos relacionados con la necesidad de que se respeten los límites en uso de la fuerza.

“Una vez más y ante estos nuevos hechos, exhortamos a las instituciones que velen por la seguridad ciudadana y a que cumplan con los estándares nacionales sobre hechos que tienen que ver con desalojos”, puntualiza.

En esta misiva, la presidencia de turno del MNP solicita información sobre los procedimientos fiscales-policiales en los cuales fueron desalojadas grupos de personas asentadas en territorios sociales o de cualquier otro tipo, ocurridos este año, precisando órganos intervinientes, acciones anteriores a la intervención, los resultados de la intervención, número de personas aprehendidas y las que resultados con lesiones de algún tipo. Así también se solicita la información normativa interna como protocolos, reglamentos, acuerdos interinstitucionales, etc., de la Policía Nacional vigente para realizar este tipo de procedimientos.

El MNP fue creado por la Ley 4288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Su objetivo es promover la vigencia de un Estado que prevenga la institucionalización de la tortura e impulsar la participación ciudadana para la plena vigencia de los derechos humanos.

MAYOR INFORMACIÓN: Comisionado nacional José Antonio Galeano, 0981471484

Convenio MNP-IPPDH por la protección y garantías de los derechos humanos

El convenio entre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) tiene por objetivo promover acciones de capacitación y formación de funcionarias y funcionarios del sector público sobre la protección y garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad y en la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Juan Miguel González Bibolini, Secretario Ejecutivo del IPPDH, y Soledad Villagra, Comisionada del MNP, firmaron la carta de intención.

A través del convenio de referencia se buscará promocionar actividades académicas en materias relacionadas a la protección de las personas frente a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en todo tipo de ámbitos de encierro; colaborar en el diseño de políticas públicas para la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de trato o penas prohibidas por las normas internacionales que rigen la materia; y facilitar la producción y el acceso a la información pública de los ámbitos de intervención del MNP para el diseño, ejecución y la evaluación de políticas públicas en materia de respeto a los derechos humanos.

Con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto y promover la educación en derechos humanos y la participación ciudadana, ambas partes desarrollarán e implementarán conjuntamente actividades e iniciativas de capacitación y formación de funcionarios públicos, además de: deliberar sobre la disposición de materiales de investigación, informes y audiovisuales referentes a su misión institucional; desarrollar campañas de comunicación de forma conjunta; promover el intercambio de conocimientos y experiencias a través del Programa Visitante Voluntario desarrollado por el IPPDH; y facilitar la articulación para cooperar con otros MNP de la región.

El IPPDH se creó por Decisión CMC N° 14/09, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los países que integran el bloque, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos, así como consolidar los derechos humanos como un eje fundamental de la identidad y desarrollo del MERCOSUR. Uno de los principales objetivos del IPPDH es generar espacios de participación y fortalecer los mecanismos de diálogo con vistas a construir consensos y acuerdos para la gestión pública en derechos humanos.

El MNP es una institución del Estado paraguayo con autarquía funcional, creado por la Ley 4288/11, conforme al mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de torturas y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Es de mutuo interés la colaboración entre el MNP y el IPPDH para fortalecer los derechos humanos como un eje fundamental de la identidad e integración regional, que mediante cooperación y coordinación de políticas públicas contribuya a prevenir prácticas de torturas y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Abuso de la Prisión Preventiva: recuperaron la libertad 16 personas en situación de pena anticipada

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) implementó en 2018 el Programa Piloto de Prevención de la Pena Anticipada (personas que se hallan en prisión preventiva más tiempo de máximo legal permitido), en las circunscripciones de Alto Paraná e Itapúa, con alcances a Canindeyú, debido a que este departamento no cuenta con institución penitenciaria propia. La iniciativa permitió relevar preliminarmente 135 personas que estarían en situación de pena anticipada y, mediante la respuesta institucional del Poder Judicial, resultó que: 16 personas quedaron en libertad; 30 personas fueron a juicio oral de manera prioritaria, siendo condenadas; y 50 personas continúen en pena anticipada bajo seguimiento del MNP.

El programa piloto se desarrolló en apoyo a la función jurisdiccional para los juzgados de ejecución penal, de garantía y tribunales de sentencia, a fin de activar las instituciones de control de la pena anticipada ante el elevado índice de personas privadas de libertad en prisión preventiva. Paraguay se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial en la proporción de presos sin condena; es decir, de 14.848 personas privadas de libertad (datos de mayo 2018), 11.348 personas se hallan sin condena.

El Programa contó con la participación de docentes y estudiantes de Universidades que, bajo dirección de los juzgados de ejecución penal y del MNP, apoyaron en la identificación de presuntos casos de pena anticipada, localización de expedientes y puesta en conocimiento de los juzgados de aquellos que deban ser examinados. En esta primera fase fueron voluntarias/os estudiantes de la Universidad Nacional del Este (UNE), la Universidad Privada del Este (UPE), la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y se abarcó la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Centro Penitenciario de Mujeres “Juana María de Lara”, Centro Educativo del Este, Penitenciaría Regional de Itapúa y Centro Educativo de Cambyretá.

Estuvo privada de libertad, sin condena, durante dos años y seis meses, absuelta de culpa y pena

Un caso paradigmático de este fenómeno de la pena anticipada lo constituye el de la señora R.C.O, una mujer paraguaya de 53 años que se encontraba en prisión preventiva desde el 6 de mayo de 2016. La mujer fue acusada por el homicidio de una pariente, sin que la Fiscalía haya encontrado una sola prueba en su contra. La misma alega la influencia indebida de políticos de la zona en el ensañamiento del que fuera víctima. Luego de la intervención del Programa de Prevención de la Pena Anticipada del MNP, el 15 de noviembre de 2018 fue llevada a juicio y absuelta de culpa y pena. Estuvo privada de libertad sin condena durante dos años y seis meses.