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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) insta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que a la hora de la designación del ministro/a del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) se tome en consideración el hecho de que la persona a ser nombrada reúna las condiciones necesarias y suficientes para que las recomendaciones formuladas en su momento por el MNP al MDP puedan ser cumplidas en el futuro.

A puertas de la definición del nombramiento, el MNP remitió una nota dirigida a la Presidencia de la CSJ, considerando que el objeto principal de la atención misional del MNP son las personas privadas de libertad, quienes por su propia condición de vulnerabilidad y falta de recursos económicos, apelan a los servicios del MDP. Por tanto, esta dependencia del Estado es un aliado estratégico a hora de llevar adelante la tarea de defensa y protección de los derechos humanos. 

A lo largo de sus seis años de existencia, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura formuló recomendaciones al Ministerio de la Defensa Pública que, si bien muchas de las cuales fueron cumplidas, otras esperan ser atendidas para contribuir al logro de mejores condiciones de atención de la situación procesal de las personas privadas de libertad.  

Algunas de las recomendaciones se refiere a: alentar los/as defensores/as a que en el marco de sus visitas periódicas a las penitenciarías ingresen a los pabellones y celdas para un mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones que la ley otorga; que desarrollen las posibilidades de la petición de tutela jurisdiccional para la protección de los derechos humanos y libertades de las personas privadas de libertad; contar con más defensores de Ejecución; fortalecer la capacidad de inspección penitenciaria del MDP; entre otras. 

Desde el MNP se espera que primen los criterios que prioricen el mérito y el compromiso con la vigencia de un fortalecido Estado de Derecho.    

Mayor información:   Comisionado nacional Dante Leguizamón, presidente del MNP. Cel. 0981555430

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Universidad Columbia firmaron un convenio de acción interinstitucional con el objetivo de promover la enseñanza de los derechos humanos, mediante la coordinación e impulso de diferentes iniciativas que involucren a las y los integrantes de ambas instituciones. La firma se llevó a cabo este lunes 15 de abril de 2019 y estuvo a cargo del presidente del MNP, comisionado Dante Leguizamón, y María Lilia Pusineri, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Columbia. 

La Universidad Columbia tiene como misión cooperar con la sociedad paraguaya en la formación de personas profesionales altamente calificadas, requeridas para el desarrollo social, cultural y económico del país, mediante un ambiente que fomenta en estudiantes el espíritu investigativo y de calores que les habilitan para actuar con idoneidad moral e intelectual en su profesión y en la vida pública y privada.

El MNP tiene entre sus funciones establecer y mantener relaciones tanto a nivel nacional como internacional con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, para el desarrollo de acciones conjuntas por la plena vigencia de los derechos humanos a través de la prevención de la tortura.

En este marco de acción, se acuerda llevar adelante actividades de intercambio, capacitación, investigación y cooperación dentro del ámbito de competencia de las partes. 

La firma del convenio se realizó previo a la socialización del Informe de Gestión del MNP 2018 y de los resultados de la investigación Pabellón la bronca, con la participación de estudiantes y docentes de la carrera de Derecho. Esta presentación estuvo a cargo de los comisionados José Antonio Galeano y Dante Leguizamón. 

La Ley Nº 4.288 de 20 de abril de 2011, “Del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes”, crea dicha entidad como un ente autárquico con personería jurídica de derecho público, en reglamentación de la Ley Nº 2.754 del 27 de setiembre del 2005 “Que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, integrando el sistema internacional de control para la prevención de la tortura, reforzando la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de tratos o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales que rigen la materia, así como prevenir y procurar la erradicación de tales prácticas. A tal efecto, el Mecanismo cuenta con facultades de intervención en lugares donde existan o se presuma que existan personas afectadas en su libertad, incluidas las penitenciarías y los establecimientos de internación de personas con diversos tipos de discapacidad y adicciones, así como mandato para establecer programas educativos de formación y concienciación sobre los temas de su ámbito de mandato.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se reunió hoy con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y expresó su preocupación con relación a la crisis del sistema penitenciario y la urgente necesidad de aunar esfuerzos entre las diferentes instancias del Estado paraguayo para brindar una respuesta integral.

Los comisionados y comisionadas Dante Leguizamón (presidente de turno), Lourdes Barboza, José Antonio Galeano, Elizabeth Flores y Soledad Villagra, socializaron con el mandatario los resultados del monitoreo e investigaciones realizados por el MNP que dan cuenta sobre las diferentes problemáticas que deben ser atendidas.   

“La propuesta es trabajar de manera coordinada generando espacios de análisis y definición de políticas interinstitucionales para abordar el fondo del problema, resultado de otros aspectos como el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial, carencia de políticas preventivas con relación a la comisión de delitos, entre otros”, informó el comisionado Leguizamón.

Para el MNP la situación de emergencia penitenciaria se arrastra desde hace varios años por lo que su abordaje requiere mirar más allá de la construcción de nuevas cárceles como respuesta inmediata: “Esto no depende sólo del poder Ejecutivo sino de una acción interinstitucional donde los actores políticos de los poderes del Estado intervengan”, indicó.   

La población penitenciaria en Paraguay se cuadruplicó en los últimos 8 años; en 2018, aumentó en 949 personas; en lo que va del año 2019, en 855 personas. Aproximadamente el número de personas privadas de libertad crece en 1280 personas en promedio, anualmente.

Las principales preocupaciones son los problemas estructurales del sistema que se profundizan (falta de acceso al agua potable, a la salud, a alojamiento adecuado, a la educación y al trabajo), la corrupción dentro del sistema y la emergencia de grupos criminales.

El MNP fue creado por la Ley 4288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

MAYOR INFORMACIÓN

Comisionado Dante Leguizamón, presidente del MNP. 0981555430

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2018 

PABELLÓN LA BRONCA - ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INSTITUCIONES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 2018

 El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presenta hoy su Informe Anual de Gestión 2018, a los tres poderes del Estado paraguayo y a la ciudadanía en general, en el cual resalta las principales preocupaciones en torno a la prevención de la tortura y la garantía de los derechos humanos.  

En el Informe de Gestión 2018, el MNP señala como principal desafío hacer frente a la crisis del sistema penitenciario (De 15434, sólo 4310 tienen lugar; 74% - 8451 personas - no tiene condena).

Para ello el MNP propone un diálogo entre las instituciones gubernamentales y el acompañamiento de la sociedad civil, considerando como principales preocupaciones: los problemas estructurales del sistema que se profundizan (falta de acceso al agua potable, a la salud, a alojamiento adecuado, a la educación, al trabajo, falta de recursos humanos: personal de blanco y de seguridad); corrupción dentro del sistema y la emergencia de los grupos criminales. Entre los temas para el diálogo, figuran: analizar las causas del crecimiento poblacional penitenciario; erradicar el abuso de la prisión preventiva; políticas represivas vs. políticas de prevención efectiva de hechos punibles; y mejorar las condiciones de privación de libertad de todas las personas.

En lo que respecta a los hallazgos y recomendaciones en los diferentes ámbitos de intervención, el MNP resalta la existencia de 2113 niños y niñas institucionalizados, sin cumplirse el derecho de vivir con sus familias. Recomendó diseñar e implementar sistemas de cuidados con alternativas diferentes al encierro, originados en la iniciativa estatal, para que la condición no confesional permita trabajar desde una perspectiva de derechos, sin limitaciones excluyentes basadas en creencias religiosas. 

Con relación a adolescentes privados de libertad, el MNP propone fortalecer el modelo socio educativo, así como terminar con los traslados arbitrarios (691 en cuatro años). 

Sobre la situación de las mujeres en las penitenciarías, el 47% ingresó por una causa vinculada a la Ley No. 1340, por microtráfico. Aunque hubo algunas mejoras, persisten las recomendaciones no cumplidas de adaptar las prisiones a las mujeres que sufren en especial de mayores vulnerabilidades; tienen restricciones para recibir a sus hijos que dificultan el contacto con ellos.

En referencia a las personas privadas de libertad en ámbitos policiales, el MNP puntualiza la falta de salvaguardas para prevenir la tortura. Y sobre las personas adultas mayores en hogares, se observa un aumento en la cantidad con privación de derechos básicos. 

DATOS PREOCUPANTES 

• La población penitenciaria se cuadruplicó en los últimos 18 años; en 2018, aumentó en 949 personas; en lo que va del año 2019, en 855 personas.

• En los últimos cinco años, en promedio, anualmente el número de personas privadas de libertad crece en 1153 personas. 

CIFRAS DE LA GESTIÓN DEL MNP EN SU SEXTO AÑO

- 40 visitas de monitoreo (inspección, seguimiento e intervenciones en situaciones especiales) en diferentes ámbitos de intervención: penitenciarías, centros educativos para adolescentes, establecimientos policiales y militares, hogares para niñas, niños y adolescentes, y de personas adultas mayores; de capital y 7 departamentos del país, totalizando  12607 las personas en situación de encierro, de las cuales 12256 eran personas privadas de libertad (hombres, mujeres).

- 534 recomendaciones a instituciones públicas de los tres poderes del Estado

- 556 personas participaron en actividad del MNP 

- 39 escabinos y escabinas

- 90 voluntarios y voluntarias

- 2 investigaciones sociales

- 4 campañas e iniciativas de sensibilización y comunicación 

ACCESO A INFORMES DE GESTIÓN DEL MNP 

Mayor información:   Comisionado nacional Dante Leguizamón, presidente del MNP - Cel.: 0981555430