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MNP condena actuación irregular del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios del Ministerio de Justicia

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) condena la actuación irregular del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP), que irrumpió en la Penitenciaria Regional de Villarrica el pasado miércoles 18 de enero de 2023, en horas de la madrugada, con el supuesto objetivo de realizar una requisa.

 

El GRAP -compuesto por agentes penitenciarios uniformados, encapuchados y sin identificación- habría ingresado con escopetas cargadas con balines de goma, disparando al techo y en algunos casos, al cuerpo de las personas privadas de libertad (PPL), propinando golpes, patadas, empujones y trato discriminatorio y degradante (incluso a personas adultas mayores y con alguna discapacidad). 

 

A partir de denuncias, el MNP visitó la penitenciaría el viernes 20 y entrevistó a más de 100 personas privadas de libertad, en los diferentes pabellones, quienes coincidieron en su relato, confirmando en que el operativo fue realizado en las condiciones señaladas más arriba, y que más que una requisa, dicha operación consistió en un “asalto a mano armada”.

 

Las PPL fueron obligadas a salir al patio, sin ropa, con la cabeza agachada y bajo la prohibición de mirar a los integrantes del grupo. Mientras, el GRAP procedió a revisar los pabellones, llevando todos los objetos de valor: ropas, calzados y dinero. Según los entrevistados, también rompieron televisores, electrodomésticos y otras pertenencias. Los hechos ocurrieron estando presentes los agentes penitenciarios y el director de la Penitenciaría.

 

Este tipo de operaciones se implementan a manos del GRAP con frecuencia, cuanto menos, desde el año 2020.

 

El MNP solicitó audiencia al ministro de justicia Daniel Benítez para exigir el fin de las actuaciones irregulares mencionadas, la atribución de responsabilidades en este caso concreto y la sanción de los responsables, sin perjuicio de haber remitido un informe especial sobre estos hechos.

 

El MNP comprende la necesidad de monitorear las condiciones de seguridad de los centros penitenciarios, no obstante, tiene la certeza de que, cualquier operativo debe ceñirse a los principios de legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad y rendición de cuentas.

 

Además, el MNP constató en la visita las condiciones de vida de las PPL y encontró que, a pesar de recomendaciones formuladas en 2019 y 2022, la situación empeoró, con más hacinamiento (falta de camas/colchones), ventiladores sin funcionar, falta de medicamentos en la Sanidad, comida insuficiente y de mala calidad. Ante esto, remitió las recomendaciones pertinentes.

 

Recordamos que el MNP es un órgano autárquico creado por Ley N° 4288/2011 para reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales, así como prevenir y procurar la erradicación de la tortura.

 

Acceda a: Informe de Intervención Especial Penitenciaría de Villarrica 

http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-intervencion2 

 

 

MNP designa presidenta de turno a la comisionada Sonia Von Lepel

 

La Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CN), máxima autoridad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), eligió a la comisionada Sonia Von Lepel como presidenta de turno en funciones para el presente año, y designó al comisionado Orlando Castillo como ordenador de gastos alterno.

En esta sesión inaugural del 2023, la Comisión Nacional presenta su integración renovada con el inicio de las funciones de los y las comisionados/as electos/as el pasado mes de diciembre: Claudia Sanabria, Renzo Cristaldo, Magdalena Palau. También es miembro de la CN el comisionado José Carlos Rodríguez.

La Comisión Nacional es la más alta instancia de decisión del MNP y ejerce la representación institucional. La Presidencia de Turno cumple la función administrativa, de representación de la Comisión Nacional y el MNP para el cumplimiento de los objetivos institucionales y las competencias determinadas por las leyes correspondientes, planes estratégicos nacionales e institucionales. 

MNP señala situación crítica del sistema penitenciario

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó los hallazgos y recomendaciones del Anuario Estadístico 2022 de Personas Privadas de Libertad, material de importancia en la generación de información científica.

El Anuario Estadístico 2022 es socializado con las instituciones que forman parte de los ámbitos de intervención del MNP, así como con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, entre otras, y resulta de gran utilidad para la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública en general.

En un acto llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Asunción, el 16 de diciembre del corriente, la comisionada Sonia Von Lepel y el comisionado Orlando Castillo socializaron algunos de los datos que contiene dicho material. 

    

El relevamiento consistió en el acopio de información desde las bases sobre la población de las áreas de Judiciales de las dieciocho instituciones penitenciarias para personas adultas y de los ocho centros educativos para adolescentes en privación de libertad. 

Datos relevantes

La población penitenciaria es de 16.536 personas (31 de octubre de 2022), de las cuales el 68% se encuentra en prisión preventiva y solo el 32% tiene condena. Se tiene un aumento constante de la población, con una permanencia de las instituciones que se utilizan para el encierro: abuso de la prisión preventiva. 

 

En 2013, se encontraban 9300 personas privadas de libertad y, desde el MNP, se ha observado un incremento por año de alrededor de mil personas; este año, ya en octubre, se registró el ingreso de 1400 personas. La única respuesta que se está dando a la conflictividad penal, es el encierro, lo que preocupa al MNP. 

Se observa un alto nivel de hacinamiento crítico dentro del sistema penitenciario, siendo los establecimientos con mayor índice, conforme parámetros de derechos humanos: Penitenciaría Regional de Villarrica, 964%; Penitenciaría Regional de San Pedro, 728%; Penitenciaría de Emboscada, 727%; Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, 708%; y Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con un 607%. En lo respecta a los centros educativos, el que presenta mayor índice de hacinamiento es el de Ciudad del Este, 138%. El MNP ha recomendado -en más de una oportunidad- al Ministerio de Justicia el cierre de los establecimientos a la recepción de nuevas personas privadas de libertad. 

 

Población indígena 

Este año el Anuario tiene un apartado especial con relación a la población indígena privada de libertad, tanto adulta (total 123 personas) como adolescente (6 personas). Se identificó un grave problema en la falta de registro de datos: el Estado no conoce a que etnia pertenece el 69% de la población indígena. Esta población se concentra especialmente en tres penitenciarías y un centro educativo: Penitenciaría Regional de Concepción, Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y el Centro Educativo de Ciudad de Este.

 

Las mujeres indígenas (total 5 personas) se encuentran en la Penitenciaría de mujeres Casa del Buen Pastor y en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. 

Si bien el Ministerio de Justicia cuenta con un Protocolo de atención a personas indígenas privadas de libertad, la herramienta es poco difundida para su utilidad, que establece entre otros ítems el modo registro y los datos a ser relevados. 

Población adolescente 

En cuanto a la población adolescente en privación de libertad, el 87,88% se encuentra con prisión preventiva y el 12,12% con medida definitiva. La prisión preventiva se está utilizando de manera muy frecuente y desproporcionada con la población adolescente. Además, se observa que no se cuenta con fuero especializado, y ha disminuido la cantidad de defensores/as especializadas/os, quienes además fueron reasignados/as a tomar intervención para la defensa de la población adulta. 

A los 17 años es la edad en que los adolescentes entran en mayor medida en conflicto con la ley penal. La distribución de la población de mujeres adolescentes en privación de libertad, según hechos punibles atribuidos: Hurto agravado, 50%; robo agravado, 25%; hurto, 25%. 

 

Población de mujeres 

La distribución de la población de mujeres (total 757), según modalidad de institución en la que se encuentran: 

• CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES Buen Pastor (Asunción):427; Juana María de Lara (CDE): 76; Serafina Dávalos (Coronel Oviedo): 71; total 574

• CENTRO PENITENCIARIO SEMIABIERTO DE MUJERES Nueva Oportunidad: 32

• PABELLONES DENTRO DE LAS PENITENCIARÍAS REGIONALES Pedro Juan Caballero: 32; San Pedro: 15; Villarrica: 28; Concepción: 54; Misiones: 57; total 183

Sigue siendo una preocupación permanente para el MNP la presencia de mujeres en pabellones de penitenciarías de hombres, donde no son prioridad en la gestión del centro penitenciario para la cobertura de las necesidades propias de la población.

 

Los 5 delitos y crímenes específicos más atribuidos a la población de mujeres privadas de libertad: Transgresión a la Ley de drogas, 395; homicidio doloso,  110; robo agravado, 90; hurto agravado, 80; hurto, 37. La política contra las drogas es fuerte para todos, tiene la misma respuesta para el narcotráfico internacional como para el microtráfico. Es la misma sanción para quien envía 40 toneladas de droga al exterior como para las mujeres que venden las bolsitas o son “mulas”.  Esta problemática de profunda raíz social debe ser encarada desde una acción interinstitucional.

 

 

Proclamación de nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura

El Órgano Selector proclamó hoy a los/as  tres nuevos miembros titulares de la Comisión Nacional, autoridad máxima del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay. La Comisión Nacional está integrada por seis comisionados/as titulares, que duran cinco años en sus funciones.

La elección estuvo a cargo del Órgano Selector, instancia integrada para el efecto por tres personas electas por organizaciones de la sociedad civil y tres personas designadas por los poderes del Estado. 

 

Conforme la decisión, fueron electos:

  • Claudia Patricia Sanabria: Abogada, máster en Derecho de Familia e Infancia, experta en Políticas Sociales de Infancia, máster en Globalización, Desarrollo y Cooperación, y doctoranda en Ciencias Jurídicas. Trabaja en el ámbito de las políticas públicas de infancia desde el año 2004. Docente de pregrado y postgrado, investigadora y autora de textos relacionados con derechos humanos, género, derechos de la niñez y la adolescencia, políticas públicas, salud pública. 

 

  • Renzo Alejandro Cristaldo: Abogado, Máster en Derecho, Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, Especialista en docencia universitaria, ex Procurador Delegado en la Procuraduría General de la República. Miembro de la sección paraguaya de Amnistía Internacional y Autor del libro: “El derecho de no contacto de pueblos indígenas en aislamiento voluntario: ¿un derecho constitucional no enunciado?”. 

  • Magdalena María Palau: Psicóloga clínica y terapeuta familiar, post grado en construccionismo social, con maestría en políticas sociales y derechos humanos de niñez y adolescencia. En el campo social introdujo una mirada clínica del trabajo terapéutico con niños y familias para la atención directa a niños. Autora y co-autora de materiales sobre la temática. Trabaja con adolescentes que quedaron viviendo en instituciones de protección y en el área de la investigación en estos temas.

 

 Integrantes del Órgano Selector: 

  • Por la sociedad civil: Liz Torres (presidenta), Verónica Seraffini (secretaria), Dante Leguizamón.
  • Por los poderes del Estado: Edgar Vázquez (Legislativo), Camilo Torres (Judicial) y Carlos Trapani (Ejecutivo).

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