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Análisis sobre la crisis penitenciaria y derechos humanos, en seminario internacional

 

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Corte Suprema de Justicia organizan el Seminario Internacional "Derechos Humanos y Crisis Penitenciaria", con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la gestión pública para mejorar la calidad de vida de las personas bajo custodia del Estado, a través del cumplimiento de estándares relativos a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

El evento se realizará los días miércoles 27, jueves 28, viernes 29 de octubre y jueves 4 de noviembre del corriente año, de 9:30 a 12:30 horas, en la modalidad virtual, con el desarrollo en la plataforma Zoom y la transmisión en vivo vía Facebook Live a través de la fan page MNP Paraguay

A partir de un análisis realizado por el MNP sobre el sistema penitenciario, se definieron los ejes temáticos del seminario: 1) Descomprimir la prisión y gestionar alternativas; 2) Infraestructura y su impacto en los derechos humanos; 3) Servicios básicos de atención, coordinación y tratamiento de personas privadas de libertad; y 4) Seguridad en la cárceles.

Este evento se enmarca en la propuesta de “Plan de Crisis Penitenciaria”, impulsada desde el MNP, a fin de crear espacios interinstitucionales de carácter analítico con diversas instituciones del Estado, con incidencia y facultades de intervención en la problemática, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. 

Los expositores internacionales son: Alberto Binder de Argentina, experto en reformas en América Latina y el Caribe, uno de los exponentes más reconocidos en materia de reforma penal; Miroslava Echeverría Sierra, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, México, conferencista internacional en temas de métodos alternativos de resolución de conflictos y justicia restaurativa; Carlos Alessandro  y Luciana Casal, investigadores y analistas en temas de seguridad, derechos humanos y cárceles, expertos asociados del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); y Gustavo Palmieri, Comisionado del Comité Nacional contra la Tortura, de Argentina, quien coordinó numerosos proyectos regionales y locales sobre acceso a la justicia, seguridad pública, instituciones de seguridad, control democrático, entre otros. Participarán igualmente, referentes nacionales en temas de derecho penal, crimen organizado, derechos humanos y/o representantes de instituciones del Estado como Ministerio de Justicia, Juzgados de Ejecución Penal, Gabinete Social, entre otros.

  

 

     

 

 

MNP insta a definir política de gestión penitenciaria ante presencia del crimen organizado

 

Ante los últimos acontecimientos registrados en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, que desencadenaron el cierre del penal y el anuncio del traslado de personas privadas de libertad, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su preocupación por la ausencia de una política de gestión penitenciaria. 

 

El MNP ha señalado, en sucesivas recomendaciones, que se deben profundizar las estrategias de abordaje de la crisis penitenciaria con los grupos criminales, y poder desarrollar políticas públicas interinstitucionales a corto, mediano y largo plazo. 

 

En las visitas de monitoreo en las distintas penitenciarías a nivel nacional, se ha observado la consolidación intramuros del crimen organizado, cuya estructura y caudal impone su supremacía ante la débil institucionalidad penitenciaria, y ejerce un control de las cárceles.  

 

La debilidad institucional trae como consecuencia la adopción de medidas paliativas sobre hechos consumados, que no apunta a una solución de fondo de la problemática.        

 

El anuncio del traslado de personas privadas de su libertad a las distintas penitenciarias del país podría, antes que descomprimir la situación, generar otros focos de conflicto. 

 

La población penitenciaria actual es de 14.845, de los cuales 70% se encuentra con prisión preventiva en establecimientos con 98,28% de sobrepoblación crítica y 1% sobrepoblación.  En reiteradas ocasiones, el MNP ha instado a los operadores del sistema de Justicia a garantizar el uso excepcional de la prisión preventiva ante el elevado número de personas sin condena.   

 

Desde el MNP, se alienta a aunar esfuerzos entre las instancias del Estado para brindar una respuesta integral con perspectiva de derechos humanos. La crisis penitenciaria debe ser prioridad en las instancias del Estado involucradas.

  

 

 

 

 

 

MNP aboga por la no impunidad en enjuiciamiento a funcionarios por hecho de tortura cometido contra adolescentes en privación de libertad

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) aboga por la no impunidad en relación al enjuiciamiento de Roden Leiva y Vicente Vázquez, ex director y ex jefe de seguridad, por el crimen de tortura cometido contra adolescentes en situación de privación de libertad en el Centro Educativo Sembrador, de Villarrica. El actual Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Miguel Cardozo Velázquez, Víctor Ortigoza Aguirre y Nancy Roa, fijó como fecha de juicio el 09 de setiembre del 2021, a las 07:30 horas.

 

En agosto de 2016, el MNP presentó al Ministerio de Justicia (MJ) un informe del monitoreo sobre las condiciones de detención de los adolescentes en el referido Centro Educativo, en el cual detectó un patrón de torturas sistemáticas, golpes de puños, patadas y golpes con caños en los pies de los adolescentes, que se realizaban cotidianamente. En tal sentido, el MNP solicitó medidas efectivas al MJ: Iniciar un sumario y separar de manera inmediata al director Roden Leiva, del contacto directo con adolescentes privados de libertad en  cualquier establecimiento. 

 

De acuerdo a los testimonios recabados por el MNP durante la inspección realizada el 21 de julio del 2016, lo más común y cotidiano consistiría en la aplicación de golpes con un caño relleno con cemento y piedras en la planta de los pies; en las formaciones se nombra a quienes recibirían el castigo que consistiría en acostarse boca abajo en el pabellón frente a los demás internos para someterlo a 20 azotes. Conforme a lo relevado, quien presuntamente aplicaba los golpes era el ex jefe de Seguridad, Derlis Vázquez, en presencia del director Roden Leiva y dos guardias más. A partir de esta información, el MJ ordenó la intervención del Centro y como resultado de ésta se realizó la denuncia penal.

 

En esta causa se realizó un primer juicio oral en 2018, donde el entonces Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces Luis Jiménez, César Báez y Luis Alfonso, absolvieron a los acusados. Dicha decisión fue recurrida por el Ministerio Público pero el Tribunal confirmó la absolución, por lo que MP presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal integrada por los ministros María Carolina Llanes, Manuel de Jesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, declaró la nulidad de la sentencia y  ordena el reenvió de la causa a un nuevo Tribunal de Sentencia para un nuevo juicio oral. 

 

El Estado paraguayo ha asumido compromisos internacionales para la sanción y erradicación de la tortura, crimen que atenta contra dignidad de la persona en su integralidad (personal, física y psíquica), y hasta la fecha no se cuenta con condena por casos de tortura en periodo democrático.

 

 

MNP recomienda establecer plazos específicos para la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) recomienda evitar exponer a mayor vulneración de su derecho a una vida digna a alrededor de mil niñas, niños y adolescentes que hoy se encuentran institucionalizadas en 15 hogares pendientes de transformación en su modelo de abrigo, cuyo cierre implicaría el desamparo de los mismos. Para el efecto propone plazos específicos para que las entidades se ajusten a las disposiciones de ley.  

En el marco del estudio de la modificación del artículo 116 de la Ley N° 6486/2020 “De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”, el MNP elevó un dictamen a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, basado en sus hallazgos en los monitoreos de hogares abrigo realizados a partir del inicio de su labor en 2013.   

El MNP recomienda hacer lugar a la modificación de la Ley de referencia, estableciendo que los hogares abrigo de tipo institucional que se hallan en funcionamiento deben convertirse a la modalidad de acogimiento familiar o abrigo residencial en “un plazo razonable de 12 meses, con la obligación de que las entidades presenten en un plazo de 2 meses (a partir de entrada en vigencia de la ley) un plan de transformación, e iniciar el proceso de cierre de aquellas instituciones que no presenten la documentación indicada en tiempo y forma”.

Para el MNP, a la hora de analizar cualquier medida con relación a niños, niñas y adolescentes, se debe tener en cuenta que el principio de interés superior de NNA tiene sus indicaciones para determinar el alcance en materia de aplicación en la definición de la medida de abrigo, para mantener su carácter excepcional (cuando ya no existe otra posibilidad).  

La Ley 6486/20 establece que, cuando la niña, el niño o el adolescente se encuentren en situaciones que señalan la necesidad de protección o apoyo, se aplicarán como medidas: el abrigo residencial, que es el cuidado alternativo asumido por una unidad ejecutora, encargada de la protección de un grupo reducido de hasta seis NNA, en un modelo de similar al de una familia; o la guarda del niño en una familia acogedora, que son las personas que integran la familia ampliada, del entorno afectivo cercano o terceras personas no parientes que asumen el cuidado de uno o más NNA, dispuesto por guarda judicial; habilitadas por el MINNA. 

Según datos del MINNA, existen 40 entidades de abrigo a nivel país, de los cuales 25 dieron cumplimiento a la transformación de modalidad bajo vigencia de la resolución 635 del 2015, que aprueba el reglamento de cuidados alternativos de NNA en programas de acogimiento familiar; solo 15 entidades no aplicaron al proceso de transformación señalando como dificultad la falta de presupuesto, y sobre las mismas no se tiene mayor información (fecha de creación, fecha se inscripción, cantidad de NNA, y tiempo de permanencia en los hogares). 

Conforme datos del monitoreo del MNP, el 20.6% del total de NNA que viven en instituciones tiene entre 0 y 8 años, se institucionalizan en un promedio de 5 años y la mayoría de los hogares abrigo son iniciativas particulares (escasa e inexistente inversión pública). 

Entre los principales hallazgos del MNP: la aplicación del abrigo como primera medida y consecuente pérdida de su condición excepcional; la falta de políticas de fortalecimiento familiar; falta y superposición de equipos técnicos que aborden los motivos de la separación; intervención de diferentes equipos y órganos no articulados; taita de equipos y políticas que aborden los motivos de la separación; medidas de abrigo emanadas de autoridades no competentes y no se ve al niño como centro de la intervención.

 

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